Ronald Alejandro Macuacé Otero
Economista
rmacuace@unicauca.edu.co
El comportamiento de la población en el departamento del Cauca se encuentra fuertemente condicionado por el flujo migratorio, relacionado con un fenómeno muy marcado a nivel nacional, como es el desplazamiento forzado. La Ley 387 de 1997 expedida por el Estado colombiano “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados por la violencia política en la República de Colombia” y la cual define como desplazado a toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.
El fenómeno del desplazamiento se ha presentado a lo largo de la historia del país, ha sido un elemento constante en el proceso de urbanización de las ciudades de Colombia y en algunas etapas de la historia se encuentran momentos críticos en los que el desplazamiento de vastos sectores de la población alcanza su cresta más alta. Con todo, pese a que ha sido un fenómeno visible en la composición y recomposición sociodemográfica del país en los últimos años, las ONG´s, la iglesia y el mismo Estado han venido apostándole al diseño e implementación de herramientas metodológicas e instrumentos que permitan mostrar de manera válida y confiable la evolución del fenómeno. Las diferencias de criterio en lo conceptual, temporal y metodológico en el proceso de captura de la información sobre el desplazamiento, hacen que las cifras sobre este fenómeno difieran entre los distintos sistemas de información que manejan las ONG, la iglesia y el Estado.
Para ACCION SOCIAL, entidad estatal que tiene dentro de sus funciones las de coordinar el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada -SNAIPD- y ser la responsable del manejo del Registro Único de Población Desplazada, es importante presentar la información estadística sobre el desplazamiento en el país, con la cual se busca generar políticas encaminadas a la solución de problemas de tipo socioeconómico.
Frente a las anteriores apreciaciones, la información disponible en ACCION SOCIAL registra la cantidad de personas sometidas al desplazamiento forzado y el número de hogares al que corresponden. De a cuerdo con los datos acumulados desde el año 1995 a 30 de junio de 2008 se indica que, durante este periodo han llegado al municipio de Popayán 38.956 personas. Estas cifras, son bastante alarmantes, en la medida que datan de un conflicto armado latente en el país, muy marcado en el departamento del Cauca.
Las familias victimas del desplazamiento provienen de diferentes lugares de Colombia, ante todo de zonas rurales de los Departamentos de Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, Valle, Nariño y de lugares como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y de otros municipios del departamento como San Sebastián, Bolívar, Patía, y de El Tambo, entre otros.
Si bien es cierto que el departamento del Cauca es un gran receptor de población desplazada de otros departamentos del país, el municipio de Popayán es el mayor receptor de población desplazada dentro del departamento; no obstante, no se ha podido establecer que incentiva a esta población a la ciudad, puesto que Popayán es una ciudad de alrededor de 300.000 habitantes, que carece de una estructura económica y productiva suficiente para soportar el peso de su propia población. Con esta lógica, si bien la cantidad de recursos con los que cuenta el municipio no son suficientes para generar mejores condiciones de vida a la población propia de la ciudad, difícilmente se puede responder de manera significativa, a la satisfacción de las necesidades más apremiantes de las personas que llegan por razones de violencia. Lo que no quiere decir que no se les deba, ni se tenga la obligación de prestar la atención necesaria y pertinente, dependiendo del caso.
Realmente lo que motiva a plantear estos argumentos, es que junto con el Estado, en el país existen cualquier número de ONG y otras instituciones, que realizan trabajos encaminados a la solución o medianamente a la mitigación de este tipo de problemas; pero, se están quedando cortas en su labor. A su vez, la problemática del desplazamiento forzado es un tema que nos compete a todos y por ende no debemos desconocerlo como realidad social.
De esta manera, el reconocer este tipo de problemas sociales que condicionan y modifican el armónico funcionamiento de la ciudad, nos lleva a la necesidad de repensar la misma, e invitar a los dirigentes políticos que consulten verdaderamente la realidad, antes de seguir cometiendo tantos errores como tradicionalmente se ha hecho, bajo la lógica cortoplacista de ejecutar recursos en proyectos de reducido impacto social. A diferencia, se los invita a involucrar conocimiento técnico en la formulación y ejecución de política pública; porque lo que realmente requiere nuestra ciudad y departamento, es la implementación de un proyecto productivo macro ¿Cuál? La verdad es que en el departamento se han identificado algunos sectores sobre los cuales se pueden generar clusters, pues si ya están identificados porque no empezar con estas apuestas productivas e involucrar a la ciudadanía en su formulación y ejecución. No me queda más que decir, que es imprescindible pensar a futuro y planear la ciudad y departamento, como un sistema articulado, capaz de absorber los grandes contingentes poblacionales categorizados en mano de obra rasa, técnicos y profesionales.
Economista
rmacuace@unicauca.edu.co
El comportamiento de la población en el departamento del Cauca se encuentra fuertemente condicionado por el flujo migratorio, relacionado con un fenómeno muy marcado a nivel nacional, como es el desplazamiento forzado. La Ley 387 de 1997 expedida por el Estado colombiano “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados por la violencia política en la República de Colombia” y la cual define como desplazado a toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.
El fenómeno del desplazamiento se ha presentado a lo largo de la historia del país, ha sido un elemento constante en el proceso de urbanización de las ciudades de Colombia y en algunas etapas de la historia se encuentran momentos críticos en los que el desplazamiento de vastos sectores de la población alcanza su cresta más alta. Con todo, pese a que ha sido un fenómeno visible en la composición y recomposición sociodemográfica del país en los últimos años, las ONG´s, la iglesia y el mismo Estado han venido apostándole al diseño e implementación de herramientas metodológicas e instrumentos que permitan mostrar de manera válida y confiable la evolución del fenómeno. Las diferencias de criterio en lo conceptual, temporal y metodológico en el proceso de captura de la información sobre el desplazamiento, hacen que las cifras sobre este fenómeno difieran entre los distintos sistemas de información que manejan las ONG, la iglesia y el Estado.
Para ACCION SOCIAL, entidad estatal que tiene dentro de sus funciones las de coordinar el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada -SNAIPD- y ser la responsable del manejo del Registro Único de Población Desplazada, es importante presentar la información estadística sobre el desplazamiento en el país, con la cual se busca generar políticas encaminadas a la solución de problemas de tipo socioeconómico.
Frente a las anteriores apreciaciones, la información disponible en ACCION SOCIAL registra la cantidad de personas sometidas al desplazamiento forzado y el número de hogares al que corresponden. De a cuerdo con los datos acumulados desde el año 1995 a 30 de junio de 2008 se indica que, durante este periodo han llegado al municipio de Popayán 38.956 personas. Estas cifras, son bastante alarmantes, en la medida que datan de un conflicto armado latente en el país, muy marcado en el departamento del Cauca.
Las familias victimas del desplazamiento provienen de diferentes lugares de Colombia, ante todo de zonas rurales de los Departamentos de Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, Valle, Nariño y de lugares como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y de otros municipios del departamento como San Sebastián, Bolívar, Patía, y de El Tambo, entre otros.
Si bien es cierto que el departamento del Cauca es un gran receptor de población desplazada de otros departamentos del país, el municipio de Popayán es el mayor receptor de población desplazada dentro del departamento; no obstante, no se ha podido establecer que incentiva a esta población a la ciudad, puesto que Popayán es una ciudad de alrededor de 300.000 habitantes, que carece de una estructura económica y productiva suficiente para soportar el peso de su propia población. Con esta lógica, si bien la cantidad de recursos con los que cuenta el municipio no son suficientes para generar mejores condiciones de vida a la población propia de la ciudad, difícilmente se puede responder de manera significativa, a la satisfacción de las necesidades más apremiantes de las personas que llegan por razones de violencia. Lo que no quiere decir que no se les deba, ni se tenga la obligación de prestar la atención necesaria y pertinente, dependiendo del caso.
Realmente lo que motiva a plantear estos argumentos, es que junto con el Estado, en el país existen cualquier número de ONG y otras instituciones, que realizan trabajos encaminados a la solución o medianamente a la mitigación de este tipo de problemas; pero, se están quedando cortas en su labor. A su vez, la problemática del desplazamiento forzado es un tema que nos compete a todos y por ende no debemos desconocerlo como realidad social.
De esta manera, el reconocer este tipo de problemas sociales que condicionan y modifican el armónico funcionamiento de la ciudad, nos lleva a la necesidad de repensar la misma, e invitar a los dirigentes políticos que consulten verdaderamente la realidad, antes de seguir cometiendo tantos errores como tradicionalmente se ha hecho, bajo la lógica cortoplacista de ejecutar recursos en proyectos de reducido impacto social. A diferencia, se los invita a involucrar conocimiento técnico en la formulación y ejecución de política pública; porque lo que realmente requiere nuestra ciudad y departamento, es la implementación de un proyecto productivo macro ¿Cuál? La verdad es que en el departamento se han identificado algunos sectores sobre los cuales se pueden generar clusters, pues si ya están identificados porque no empezar con estas apuestas productivas e involucrar a la ciudadanía en su formulación y ejecución. No me queda más que decir, que es imprescindible pensar a futuro y planear la ciudad y departamento, como un sistema articulado, capaz de absorber los grandes contingentes poblacionales categorizados en mano de obra rasa, técnicos y profesionales.
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