Por Alfonso J. Luna Geller

Marleny Gómez casi no pudo hablar al principio, el llanto la abrumaba al recordar los hechos que estábamos investigando. Inició el relato con entrecortadas frases, mientras retomaba alientos y se secaba las lágrimas que le escurrían por su abatido rostro. Casi suplicando protección, nos dijo que a pesar de haber sido también víctima de la supuesta estafa en serie, había sido además atormentada con varias llamadas a su celular, en las que la amenazaban si contaba los hechos en los que ella, aparentemente sin saberlo, había sido protagonista, y que debía asumir sola toda la responsabilidad a cambio de su vida.

Marleny Gómez había sido la presidenta de Asquilicar –Asociación de Carretilleros de Santander. Por su liderazgo, en el año 2007 fue contratada por la Secretaría de Tránsito Municipal de Santander de Quilichao como agente de Seguridad Vial hasta el pasado 13 de marzo; ahora es ‘domiciliaria’ o ‘moto-taxista’, tratando de sobrevivir mientras afronta varias demandas penales por el presunto delito de estafa.

De acuerdo con su versión, más o menos 100 personas resultaron entregando dineros desde octubre de 2007 a la jefe de la oficina jurídica del Tránsito Municipal, Beatriz Arias, primero, para un hipotético plan de vivienda en La Samaria, en terrenos del Municipio, y luego, para la supuesta adjudicación de 18 cupos que se habían logrado de vehículos ‘termo-king’ marca Chevrolet a 38 millones de pesos, que reemplazarían, por exigencia del Invima, a las carretillas que transportaban carne en antihigiénicas condiciones; se entregarían en la inauguración del nuevo matadero regional que se construye en Quilichao.

La trampa fue bien montada: ambos planes tenían argumentación oficial; supuestamente el Municipio subsidiaría uno y otro proyectos para elevar la calidad de vida de los destechados y carretilleros; las cuotas iniciales y mensuales ($120.000 para vivienda y $2’000.000 para vehículos) se recaudaban al interior de las oficinas públicas; Marleny, agente de seguridad vial, tenía como jefa a Beatriz, administradora de empresas, abogada y para completar la credibilidad de quienes ‘cayeron’, predicadora religiosa, quien al parecer había diseñado toda la estructura para la captación de los dineros. Beatriz recibía la plata –Marleny fue de las primeras que le entregó $2’000.000 para cambiar la carretilla de su esposo por una Chevrolet, según aseveró; pero vuelve y llora, esta vez, reconociendo su propia ingenuidad, e incauta, expedía los recibos que ella misma firmaba y sellaba (el sello era de Asquilicar).

Casi un año después, en septiembre de 2008, quienes tenían esperanza en la adjudicación de vivienda comenzaron a decepcionarse y a exigir resultados pero fueron defraudados cuando se dieron cuenta de que simultáneamente otros estaban entregando dineros para comprar carros y ni lo uno ni lo otro resultaba. Por eso, ya en diciembre, cuando recogió juntos 8 millones de pesos, Marleny sospechó que firmando ella los recibos, si cualquier cosa fallaba, podría salir involucrada; fue cuando le exigió a Beatriz que por lo menos, le diera un recibo ya para ella, por esos millones que le estaba entregando. Se lo firmó. Nos cuenta que en estas condiciones y a punto de fracasar los planes, el señor Carlos Ariel Amaya, de Timba, le entregó otros 11 millones a Beatriz, para el negocio de los carros. Simultáneamente, en otras partes de la ciudad, las ya legendarias ‘pirámides’ también se desplomaron.

Marleny vuelve a sollozar: “tengo miedo, yo creí mucho en ella, en Beatriz Arias, porque siempre andaba con la Biblia, pero uno nunca aprende a conocer a las personas de verdad, hasta cuando se descubren públicamente. Yo no había padecido tanta maldad, soy una víctima de todo esto, no soy responsable de lo que otros se roban, confío verdaderamente en Dios y en la Justicia, por eso estoy tranquila en mi humilde trabajo, pero excúseme, lloro por ser tan ingenua y haberme dejado utilizar de esa manera por tanto tiempo”.

Cuando se armó el escándalo, por solicitud de la Secretaria de Tránsito, Gislena Perlaza, quien según sus palabras no podía soportarla más al interior de las instalaciones del Tránsito, Beatriz Arias fue trasladada a la Oficina Jurídica de la Alcaldía Municipal, a donde llegamos para escuchar su versión.

“Yo no voy a decir nada, nada tengo que decirle a usted, que no es autoridad. Los hechos han sido denunciados ante la Fiscalía y a ella le respondo por intermedio de mis abogados. No me he quedado con un solo peso, soy abogada, administradora de empresas, predicadora religiosa, llevo 23 años en el servicio público, ¿usted se imagina que puedo hacer algo así como me lo adjudican? No señor, Háblese con mis abogados que ellos le dirán a qué atenerse. Uno de ellos es el doctor Fernando Pino.” Un momento, por favor: usted es todavía una funcionaria pública y debe responder por lo que haga en ejercicio de sus actividades oficiales, nosotros, los periodistas, estamos en la obligación de entrevistarla y obtener sus respuestas. Esto no es un asunto privado suyo, usted le debe una explicación a la comunidad. “Ya dije lo que tenía que decirle, lo demás corre por cuenta de la Justicia”. Muchas gracias.