Bogotá, enero 14– Hoy presentó en Bogotá y otras ciudades el Primer Informe Global sobre la Situación de los Pueblos Indígenas del Mundo. El lanzamiento estuvo a cargo de Bruno Moro, coordinador Residente y Humanitario del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia y Juan Mayr, asesor de la Oficina del Coordinador Residente en Colombia.
El Informe elaborado por el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, da a conocer datos estadísticos alarmantes sobre la pobreza, la salud, la educación, el empleo, los derechos humanos, el medio ambiente y otros aspectos de los pueblos indígenas. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU es un organismo asesor del Consejo Económico y Social, con el mandato de examinar las cuestiones indígenas relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.
EXTRACTOS SOBRE COLOMBIA EXCUSIVOS PARA PRENSA
TRADUCCION NO OFICIAL
POR CINU BOGOTA
CAPITULO I: LOS PUEBLOS INDIGENAS: POBREZA Y BIENESTAR
Las nuevas amenazas de la globalización
Desde la década de los ochenta se ha presentado una tendencia mundial a liberalizar los Códigos de Minería. Su objetivo es incrementar la inversión extranjera en el sector de extracción y asegurar que el aumento de las ganancias sobre las inversiones sea principalmente para las compañías mineras financiadas de Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidas y Australia. Los inversionistas adquirieron responsabilidades contra la nacionalización y la tendencia anterior, especialmente en el Sur respecto a las industrias de recursos estratégicos como los intereses nacionales que requieren protección. Muchas empresas de extracción de minerales nacionalizadas fueron vendidas a empresas transnacionales. Según el entonces profesor de la Escuela de Minas de Colorado James Otto, en 2003 más de 105 países habían liberalizado sus códigos de minería en este sentido. Países como Filipinas y Colombia revisaron sus códigos de minería para facilitar la minería a gran escala por parte de compañías extranjeras, las cuales intensificaron la presión sobre las tierras indígenas y debilitaron o hicieron caso omiso de la protección legal de la que gozaban los pueblos indígenas.
Agricultura y Seguridad Alimentaria
La legislación nacional que cumple con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), junto con la liberalización del comercio y los regímenes de inversión promovidos por la comunidad de donantes desde los inicios de la década de los ochenta, están socavando la legislación nacional y las regulaciones que protegen los derechos indígenas y el medio ambiente. Los pueblos indígenas han presentado estos ejemplos de los efectos adversos de los acuerdos de la OMC.
Los requisitos del Acuerdo de la OMC sobre Agricultura (AOA) para la liberalización del comercio agrícola y la anulación de leyes que protegen a productores nacionales y cultivos se ha traducido en la pérdida de medios de subsistencia de los productores de maíz indígena en México debido al residuo de maíz aparentemente barato y muy subsidiado en gran parte por los EE.UU. La contaminación de las variedades tradicionales de maíz en México por el maíz genéticamente modificado es también un problema muy grave. La producción de vegetales indígenas en la región de la Cordillera de Filipinas ha sido igualmente afectada por el vertido de verduras baratas. La caída de los precios de los productos de café ha empobrecido a los campesinos indígenas y tribus de las colinas dedicadas a la producción de café en Guatemala, México, Colombia y Vietnam. Todo esto es posible gracias a los altos subsidios de exportación y la ayuda interna otorgada a las empresas agroindustriales y a los agricultores ricos en los Estados Unidos y la Unión Europea.
La pobreza y los derechos de tierra en América Latina
En los últimos 20 años o más, las organizaciones indígenas en América Latina han hecho grandes esfuerzos por salvaguardar sus derechos a la tierra por medio de mapas, demarcación y titulación de sus territorios. Este proceso, que comenzó en la década de los ochenta y alcanzó su apogeo en los noventa, ha hecho que cada vez se reconozcan más las tierras indígenas en la legislación nacional. En Colombia los pueblos indígenas, que representan el 2 por ciento de la población, han conseguido la legalización de sus territorios, los cuales corresponden a un tercio del territorio nacional. En 2004, el Estado brasileño había reconocido más de 15 millones de hectáreas como reservas indígenas, mientras que en Perú los pueblos indígenas de la Amazonía habían logrado la titulación de 7 millones de hectáreas de tierras, lo que equivale al 10 por ciento de la Amazonía peruana. Los pueblos indígenas del Perú están reclamando un total de 18 millones de hectáreas. En el sur del continente la recuperación de los territorios indígenas ha sido más difícil y las estructuras coloniales más arraigadas.
Aunque la titulación de tierras ha sido un paso fundamental y un gran logro para las comunidades indígenas en América Latina, éstas se encuentran aún lejos de tener el control real sobre sus territorios. Los títulos de tierra y las escrituras no siempre corresponden al total de las áreas de uso y subsistencia de las comunidades. En muchos países, los territorios indígenas enfrentan serias amenazas por las actividades de las compañías petroleras y madereras. En Colombia, el conflicto armado ha desplazado a miles de pueblos indígenas de sus tierras.
CAPITULO II: LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LA CULTURA
Tierra, Idioma e Identidad
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas trata a fondo todo lo referente a tierras, territorios y recursos naturales, así como el derecho a mantener vínculos espirituales con la tierra, el derecho a no ser desplazados por la fuerza o ser desposeído, el derecho de los pueblos indígenas a contar con sistemas de tenencia de tierras, el derecho al resarcimiento de la tierra que le ha sido arrebatada o dañada y el derecho a la conservación y protección del medio ambiente. El Artículo 26 de la Declaración contiene parte de la legislación más importante referente a la tierra:
Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.
Además de la Declaración, a nivel nacional se han logrado algunos avances significativos como es el caso de las reformas legislativas que respetan los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tierra. En el norte de Canadá, por ejemplo, el acuerdo de reivindicación de las tierras de Nunavut otorga aproximadamente 25.000 títulos de la comunidad Inuit a cerca de 350.000 kilómetros cuadrados de tierras y recursos. En América del Sur, algunos de los marcos jurídicos más avanzados sobre tenencia de tierras indígenas están consagrados en las legislaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, así como en algunas de sus constituciones. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tierra son también reconocidos en Australia, Nueva Zelanda, el norte de Europa y la Federación Rusa. La situación en Asia difiere grandemente. Camboya y Filipinas han promulgado una legislación que reconoce los derechos de las tierras comunales, mientras que en la India, existe la protección constitucional de las tierras indígenas en las zonas del noreste del país. En África, muy pocos países reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, aunque en Sudáfrica y Botswana, algunos pueblos han tenido éxito en lograr que sus reclamaciones de tierras sean reconocidas.
CAPITULO IV: LA EDUCACION CONTEMPORANEA Y LOS PUEBLOS INDIGENAS
Sistemas de Educación no formal
Las escuelas necesitan trabajar dentro de los ciclos culturales y económicos de las comunidades indígenas y adaptarse a situaciones específicas. El ajuste de los horarios escolares y los programas a los calendarios de trabajo locales es visto como una manera de facilitar el acceso de los niños a la educación escolar. Pero hay otras formas también. Varios países de América Latina, por ejemplo, han reaccionado ante las bajas tasas de inscripción y deserción escolar de los niños indígenas promocionando proyectos escolares flexibles en las comunidades rurales a través de grupos de educación o enseñanza multigrado (como la Nueva Escuela Unitaria en Colombia, Guatemala y otros países de América Latina), donde los niños de diferentes edades comparten un mismo salón de clases. Estos proyectos, que han promovido el aprendizaje bilingüe, la participación de la comunidad y de la familia así como la formación adecuada de los profesores han demostrado que han conservado a más estudiantes, mejorado sus logros y aumentado la satisfacción de sus padres.
Ayudar a los niños indígenas que viven en zonas remotas a recibir una educación es otro desafío que las comunidades indígenas han emprendido, y varios modelos han sido aplicados, incluida la utilización de la radio y de escuelas móviles.
CAPITULO V: SALUD
Suicidio
El suicidio de los jóvenes afecta a las sociedades de todo el mundo. El tema ha sido particularmente doloroso y delicado para muchos pueblos indígenas, que han experimentado desproporcionadamente altos índices de suicidio entre los jóvenes.
Este hecho en las comunidades indígenas tiene lugar dentro del contexto contemporáneo de la discriminación y la marginación así como en el contexto histórico traumático de la colonización, la integración y la pérdida de su sustento tradicional. Durante los siglos 19 y 20, por ejemplo, algunos Estados pusieron en práctica políticas destinadas a destruir las culturas indígenas, las cuales aislaron a los niños de sus familias despojándolos por la fuerza de sus tradiciones, idioma y religión. Aunque las razones del suicidio de los jóvenes son complejas y difíciles de definir, dicha injerencia y la destrucción de las estructuras culturales han sido causa de stress para todas sus generaciones, lo que en general se considera que ha contribuido a esta conducta suicida. Los jóvenes indígenas enfrentan hoy el desafío de encontrar el justo equilibrio entre su lugar dentro de las comunidades indígenas y con la sociedad propia de su país, lo que puede llegar a hacer que se sientan marginados de ambas partes y aislados socialmente.
Este aislamiento social, agravado por las manifestaciones contemporáneas de discriminación, tales como los altos niveles desproporcionados de pobreza y desempleo, puede contribuir a las altas tasas de suicidio experimentado por algunas tribus o pueblos indígenas.
En Colombia, por lo menos 15 jóvenes de las comunidades Embera, Wounaan, Katío y Chami se suicidaron entre 2003 y 2004. Teniendo en cuenta que la población de las tribus es de alrededor de 3.000 personas, "la racha de muertes de un año eleva la tasa de suicidios a 500 por cada 100.000 personas. La tasa general de suicidios en Colombia fue de 4,4 por 100.000 en 2003, según estadísticas del gobierno”.
Los suicidios se dieron en un momento de cambios profundos, durante el cual los colonos depredaron las selvas de animales que eran cazados por los pueblos indígenas, obligando a los entonces nómadas Embera a formar comunidades permanentes y a regresar a la agricultura. Asimismo, sus tradiciones han sido profundamente afectadas por la guerrilla y la actividad paramilitar.
Los problemas que afrontan los adolescentes se agravan a menudo por la falta de disponibilidad de recursos. El Relator Especial sobre el derecho de todas persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, ha reportado discriminación en el acceso a la atención médica y tratamiento, así como a los servicios de apoyo, afirmando que “las poblaciones indígenas son a menudo ignoradas y carecen de apoyo de especialistas en psiquiatría y de apoyo en los servicios a pesar de las graves necesidades que se manifiestan con el aumento de las tasas de suicidio..."
CAPITULO VI: DERECHOS HUMANOS
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el terreno
Los efectos de los derechos humanos fundamentales en estos proyectos para los pueblos indígenas con respecto a la pérdida de los territorios tradicionales y las tierras, el desalojo, la migración y el eventual reasentamiento, el agotamiento de los recursos necesarios para la supervivencia física y cultural, la destrucción y la contaminación del medio ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria, la carencia de salud a largo plazo y el impacto en la nutrición, así como, en algunos casos, el acoso y la violencia.
Particularmente en esta discusión sobre proyectos de desarrollo a gran escala, se hizo también referencia al impacto de gran cantidad de los mismos en las comunidades indígenas en Colombia. Desafortunadamente, en este caso, las violaciones de los derechos humanos llegaron a ser tan graves que causaron la separación forzosa de sus hogares y sus tierras, la destrucción de la propiedad, así como los asesinatos y desapariciones llevadas cabo por las fuerzas paramilitares.
CAPITULO VII: NUEVAS CUESTIONES
La violencia en Colombia
Colombia cuenta con ochenta y cuatro pueblos indígenas diferentes que viven en todo el país. Hay una gran diversidad demográfica y cultural entre estos pueblos, algunos de los cuales son nómadas y otros viven en comunidades rurales. Además, hay una creciente población indígena urbana. Desde la década de los ochenta, las regiones indígenas de Colombia han llegado a albergar a una serie de grupos armados involucrados en el cultivo y tráfico de drogas. La actividad militar del Estado es igualmente activa en estas zonas y los indígenas quedan atrapados a menudo en el fuego cruzado. Los grupos armados no hacen ninguna distinción entre combatientes y no combatientes y la población civil indígena se ve obligada algunas veces a trabajar para uno u otro lado, exponiéndose así a represalias.
En 2003, más de 100 personas y líderes indígenas fueron asesinados y la comunidad indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta fue desplazada por la fuerza. En los últimos 15 años, con la escalada de la violencia política, más de 2.660 casos de violaciones de derechos humanos han sido reportados. Los informes confirman que los pueblos indígenas han sido víctimas de varias masacres perpetradas por los paramilitares, la guerrilla y otros grupos armados. Las actividades militares del Estado han incluido bombardeos aéreos a las comunidades rurales e indígenas. Miles de pueblos indígenas han sido desplazados, lo que ha aumentado el número de refugiados en países vecinos como Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Los refugiados también han huido a las zonas urbanas dentro de Colombia, donde la desnutrición y las muertes a causa del hambre han sido reportadas. En todo el país, las desapariciones forzadas de líderes y representantes indígenas se han documentado, al igual que los informes de detenciones arbitrarias masivas llevadas a cabo por los militares.
Descargue el informe completo
El Informe elaborado por el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, da a conocer datos estadísticos alarmantes sobre la pobreza, la salud, la educación, el empleo, los derechos humanos, el medio ambiente y otros aspectos de los pueblos indígenas. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU es un organismo asesor del Consejo Económico y Social, con el mandato de examinar las cuestiones indígenas relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.
EXTRACTOS SOBRE COLOMBIA EXCUSIVOS PARA PRENSA
TRADUCCION NO OFICIAL
POR CINU BOGOTA
CAPITULO I: LOS PUEBLOS INDIGENAS: POBREZA Y BIENESTAR
Las nuevas amenazas de la globalización
Desde la década de los ochenta se ha presentado una tendencia mundial a liberalizar los Códigos de Minería. Su objetivo es incrementar la inversión extranjera en el sector de extracción y asegurar que el aumento de las ganancias sobre las inversiones sea principalmente para las compañías mineras financiadas de Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidas y Australia. Los inversionistas adquirieron responsabilidades contra la nacionalización y la tendencia anterior, especialmente en el Sur respecto a las industrias de recursos estratégicos como los intereses nacionales que requieren protección. Muchas empresas de extracción de minerales nacionalizadas fueron vendidas a empresas transnacionales. Según el entonces profesor de la Escuela de Minas de Colorado James Otto, en 2003 más de 105 países habían liberalizado sus códigos de minería en este sentido. Países como Filipinas y Colombia revisaron sus códigos de minería para facilitar la minería a gran escala por parte de compañías extranjeras, las cuales intensificaron la presión sobre las tierras indígenas y debilitaron o hicieron caso omiso de la protección legal de la que gozaban los pueblos indígenas.
Agricultura y Seguridad Alimentaria
La legislación nacional que cumple con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), junto con la liberalización del comercio y los regímenes de inversión promovidos por la comunidad de donantes desde los inicios de la década de los ochenta, están socavando la legislación nacional y las regulaciones que protegen los derechos indígenas y el medio ambiente. Los pueblos indígenas han presentado estos ejemplos de los efectos adversos de los acuerdos de la OMC.
Los requisitos del Acuerdo de la OMC sobre Agricultura (AOA) para la liberalización del comercio agrícola y la anulación de leyes que protegen a productores nacionales y cultivos se ha traducido en la pérdida de medios de subsistencia de los productores de maíz indígena en México debido al residuo de maíz aparentemente barato y muy subsidiado en gran parte por los EE.UU. La contaminación de las variedades tradicionales de maíz en México por el maíz genéticamente modificado es también un problema muy grave. La producción de vegetales indígenas en la región de la Cordillera de Filipinas ha sido igualmente afectada por el vertido de verduras baratas. La caída de los precios de los productos de café ha empobrecido a los campesinos indígenas y tribus de las colinas dedicadas a la producción de café en Guatemala, México, Colombia y Vietnam. Todo esto es posible gracias a los altos subsidios de exportación y la ayuda interna otorgada a las empresas agroindustriales y a los agricultores ricos en los Estados Unidos y la Unión Europea.
La pobreza y los derechos de tierra en América Latina
En los últimos 20 años o más, las organizaciones indígenas en América Latina han hecho grandes esfuerzos por salvaguardar sus derechos a la tierra por medio de mapas, demarcación y titulación de sus territorios. Este proceso, que comenzó en la década de los ochenta y alcanzó su apogeo en los noventa, ha hecho que cada vez se reconozcan más las tierras indígenas en la legislación nacional. En Colombia los pueblos indígenas, que representan el 2 por ciento de la población, han conseguido la legalización de sus territorios, los cuales corresponden a un tercio del territorio nacional. En 2004, el Estado brasileño había reconocido más de 15 millones de hectáreas como reservas indígenas, mientras que en Perú los pueblos indígenas de la Amazonía habían logrado la titulación de 7 millones de hectáreas de tierras, lo que equivale al 10 por ciento de la Amazonía peruana. Los pueblos indígenas del Perú están reclamando un total de 18 millones de hectáreas. En el sur del continente la recuperación de los territorios indígenas ha sido más difícil y las estructuras coloniales más arraigadas.
Aunque la titulación de tierras ha sido un paso fundamental y un gran logro para las comunidades indígenas en América Latina, éstas se encuentran aún lejos de tener el control real sobre sus territorios. Los títulos de tierra y las escrituras no siempre corresponden al total de las áreas de uso y subsistencia de las comunidades. En muchos países, los territorios indígenas enfrentan serias amenazas por las actividades de las compañías petroleras y madereras. En Colombia, el conflicto armado ha desplazado a miles de pueblos indígenas de sus tierras.
CAPITULO II: LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LA CULTURA
Tierra, Idioma e Identidad
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas trata a fondo todo lo referente a tierras, territorios y recursos naturales, así como el derecho a mantener vínculos espirituales con la tierra, el derecho a no ser desplazados por la fuerza o ser desposeído, el derecho de los pueblos indígenas a contar con sistemas de tenencia de tierras, el derecho al resarcimiento de la tierra que le ha sido arrebatada o dañada y el derecho a la conservación y protección del medio ambiente. El Artículo 26 de la Declaración contiene parte de la legislación más importante referente a la tierra:
Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.
Además de la Declaración, a nivel nacional se han logrado algunos avances significativos como es el caso de las reformas legislativas que respetan los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tierra. En el norte de Canadá, por ejemplo, el acuerdo de reivindicación de las tierras de Nunavut otorga aproximadamente 25.000 títulos de la comunidad Inuit a cerca de 350.000 kilómetros cuadrados de tierras y recursos. En América del Sur, algunos de los marcos jurídicos más avanzados sobre tenencia de tierras indígenas están consagrados en las legislaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, así como en algunas de sus constituciones. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tierra son también reconocidos en Australia, Nueva Zelanda, el norte de Europa y la Federación Rusa. La situación en Asia difiere grandemente. Camboya y Filipinas han promulgado una legislación que reconoce los derechos de las tierras comunales, mientras que en la India, existe la protección constitucional de las tierras indígenas en las zonas del noreste del país. En África, muy pocos países reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, aunque en Sudáfrica y Botswana, algunos pueblos han tenido éxito en lograr que sus reclamaciones de tierras sean reconocidas.
CAPITULO IV: LA EDUCACION CONTEMPORANEA Y LOS PUEBLOS INDIGENAS
Sistemas de Educación no formal
Las escuelas necesitan trabajar dentro de los ciclos culturales y económicos de las comunidades indígenas y adaptarse a situaciones específicas. El ajuste de los horarios escolares y los programas a los calendarios de trabajo locales es visto como una manera de facilitar el acceso de los niños a la educación escolar. Pero hay otras formas también. Varios países de América Latina, por ejemplo, han reaccionado ante las bajas tasas de inscripción y deserción escolar de los niños indígenas promocionando proyectos escolares flexibles en las comunidades rurales a través de grupos de educación o enseñanza multigrado (como la Nueva Escuela Unitaria en Colombia, Guatemala y otros países de América Latina), donde los niños de diferentes edades comparten un mismo salón de clases. Estos proyectos, que han promovido el aprendizaje bilingüe, la participación de la comunidad y de la familia así como la formación adecuada de los profesores han demostrado que han conservado a más estudiantes, mejorado sus logros y aumentado la satisfacción de sus padres.
Ayudar a los niños indígenas que viven en zonas remotas a recibir una educación es otro desafío que las comunidades indígenas han emprendido, y varios modelos han sido aplicados, incluida la utilización de la radio y de escuelas móviles.
CAPITULO V: SALUD
Suicidio
El suicidio de los jóvenes afecta a las sociedades de todo el mundo. El tema ha sido particularmente doloroso y delicado para muchos pueblos indígenas, que han experimentado desproporcionadamente altos índices de suicidio entre los jóvenes.
Este hecho en las comunidades indígenas tiene lugar dentro del contexto contemporáneo de la discriminación y la marginación así como en el contexto histórico traumático de la colonización, la integración y la pérdida de su sustento tradicional. Durante los siglos 19 y 20, por ejemplo, algunos Estados pusieron en práctica políticas destinadas a destruir las culturas indígenas, las cuales aislaron a los niños de sus familias despojándolos por la fuerza de sus tradiciones, idioma y religión. Aunque las razones del suicidio de los jóvenes son complejas y difíciles de definir, dicha injerencia y la destrucción de las estructuras culturales han sido causa de stress para todas sus generaciones, lo que en general se considera que ha contribuido a esta conducta suicida. Los jóvenes indígenas enfrentan hoy el desafío de encontrar el justo equilibrio entre su lugar dentro de las comunidades indígenas y con la sociedad propia de su país, lo que puede llegar a hacer que se sientan marginados de ambas partes y aislados socialmente.
Este aislamiento social, agravado por las manifestaciones contemporáneas de discriminación, tales como los altos niveles desproporcionados de pobreza y desempleo, puede contribuir a las altas tasas de suicidio experimentado por algunas tribus o pueblos indígenas.
En Colombia, por lo menos 15 jóvenes de las comunidades Embera, Wounaan, Katío y Chami se suicidaron entre 2003 y 2004. Teniendo en cuenta que la población de las tribus es de alrededor de 3.000 personas, "la racha de muertes de un año eleva la tasa de suicidios a 500 por cada 100.000 personas. La tasa general de suicidios en Colombia fue de 4,4 por 100.000 en 2003, según estadísticas del gobierno”.
Los suicidios se dieron en un momento de cambios profundos, durante el cual los colonos depredaron las selvas de animales que eran cazados por los pueblos indígenas, obligando a los entonces nómadas Embera a formar comunidades permanentes y a regresar a la agricultura. Asimismo, sus tradiciones han sido profundamente afectadas por la guerrilla y la actividad paramilitar.
Los problemas que afrontan los adolescentes se agravan a menudo por la falta de disponibilidad de recursos. El Relator Especial sobre el derecho de todas persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, ha reportado discriminación en el acceso a la atención médica y tratamiento, así como a los servicios de apoyo, afirmando que “las poblaciones indígenas son a menudo ignoradas y carecen de apoyo de especialistas en psiquiatría y de apoyo en los servicios a pesar de las graves necesidades que se manifiestan con el aumento de las tasas de suicidio..."
CAPITULO VI: DERECHOS HUMANOS
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el terreno
Los efectos de los derechos humanos fundamentales en estos proyectos para los pueblos indígenas con respecto a la pérdida de los territorios tradicionales y las tierras, el desalojo, la migración y el eventual reasentamiento, el agotamiento de los recursos necesarios para la supervivencia física y cultural, la destrucción y la contaminación del medio ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria, la carencia de salud a largo plazo y el impacto en la nutrición, así como, en algunos casos, el acoso y la violencia.
Particularmente en esta discusión sobre proyectos de desarrollo a gran escala, se hizo también referencia al impacto de gran cantidad de los mismos en las comunidades indígenas en Colombia. Desafortunadamente, en este caso, las violaciones de los derechos humanos llegaron a ser tan graves que causaron la separación forzosa de sus hogares y sus tierras, la destrucción de la propiedad, así como los asesinatos y desapariciones llevadas cabo por las fuerzas paramilitares.
CAPITULO VII: NUEVAS CUESTIONES
La violencia en Colombia
Colombia cuenta con ochenta y cuatro pueblos indígenas diferentes que viven en todo el país. Hay una gran diversidad demográfica y cultural entre estos pueblos, algunos de los cuales son nómadas y otros viven en comunidades rurales. Además, hay una creciente población indígena urbana. Desde la década de los ochenta, las regiones indígenas de Colombia han llegado a albergar a una serie de grupos armados involucrados en el cultivo y tráfico de drogas. La actividad militar del Estado es igualmente activa en estas zonas y los indígenas quedan atrapados a menudo en el fuego cruzado. Los grupos armados no hacen ninguna distinción entre combatientes y no combatientes y la población civil indígena se ve obligada algunas veces a trabajar para uno u otro lado, exponiéndose así a represalias.
En 2003, más de 100 personas y líderes indígenas fueron asesinados y la comunidad indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta fue desplazada por la fuerza. En los últimos 15 años, con la escalada de la violencia política, más de 2.660 casos de violaciones de derechos humanos han sido reportados. Los informes confirman que los pueblos indígenas han sido víctimas de varias masacres perpetradas por los paramilitares, la guerrilla y otros grupos armados. Las actividades militares del Estado han incluido bombardeos aéreos a las comunidades rurales e indígenas. Miles de pueblos indígenas han sido desplazados, lo que ha aumentado el número de refugiados en países vecinos como Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Los refugiados también han huido a las zonas urbanas dentro de Colombia, donde la desnutrición y las muertes a causa del hambre han sido reportadas. En todo el país, las desapariciones forzadas de líderes y representantes indígenas se han documentado, al igual que los informes de detenciones arbitrarias masivas llevadas a cabo por los militares.
Descargue el informe completo
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