*Mientras la Contraloría determina la existencia o no de detrimento patrimonial, se corrió traslado a Procuraduría y Fiscalía para las investigaciones disciplinaria y penal.
Las denuncias ciudadanas han originado sendas investigaciones en Timbío, Suárez y Puracé, entre otros municipios, donde la Contraloría adelanta procesos para determinar la presunta existencia de detrimento patrimonial.
Según el Contralor Departamental, Álvaro Jesús Urbano Rojas, en estos tres casos podría existir una pérdida de recursos superior a los 150 millones de pesos que habrían sido entregados a contratistas en obras no ejecutadas o realizadas de manera irregular.
En el caso de Timbío, habría una defraudación superior a los 40 millones de pesos en una obra de acueducto y alcantarillado donde se han identificado varias anomalías, “fuimos a hacer la inspección y no sabemos por qué medio se dieron cuenta de nuestra visita y se prepararon de tal manera que retiraron todos los documentos de la administración. Dicen los ciudadanos que en la misma casa del ingeniero contratista se reunieron funcionarios a ‘arreglar’ los papeles”, señaló el Contralor.
Agregó el abogado Urbano Rojas, que en tres días se hizo una obra en la que participaron operarios del mismo municipio y en la que se invirtieron 2 millones 400 mil pesos cuando el presupuesto era de 40 millones de pesos, “ya judicializamos el tema, allí hay una posible defraudación del patrimonio público y por eso avanzamos en el juicio de responsabilidad fiscal. Además corrimos traslado a la Fiscalía y esta entidad determinará los posibles delitos cometidos entre los cuales se podría tipificar falsedad en documento público, peculado y prevaricato”.
Caso Suárez
En Suarez sigue la investigación sobre las irregularidades de contratación en el proyecto eco-turístico La Salvajina, en un proceso que inició a finales del año pasado. Según informó el Contralor Departamental, se tuvo contacto con el representante legal de la firma cuestionada y, “ya hay un compromiso para hacer la devolución de aproximadamente 42 millones de pesos”.
En este caso, según el informe preliminar, hay anomalías en el proceso de contratación y por eso se adelanta la investigación sobre responsabilidad fiscal. Sobre esta denuncia también se corrió traslado a la Procuraduría y Fiscalía y se está a la espera de los resultados.
Caso Puracé
Un contrato de reforestación por el orden de los 70 millones de pesos está siendo investigado en Puracé, a raíz de quejas ciudadanas que advierten sobre acciones irregulares en este proceso.
Informó el Contralor Departamental que en visita de campo realizada por los funcionarios del Grupo de Reacción Inmediata a la Queja, Griq, para constatar la reforestación no se encontró nada que respondiera a los dineros entregados, “no había ningún trabajo que respondiera a los anticipos y liquidación del contrato y aquí hay que tener en cuenta que el interventor dio su certificación y visto bueno referente a la revisión de conformidad con la obra”.
Señaló Urbano Rojas, que en este caso hay un informe preliminar que se le presentó al Alcalde de la localidad y que en el marco del debido proceso está ejerciendo su derecho a la contradicción. Si los hallazgos quedan en firme se adelantaría el respectivo juicio de responsabilidad fiscal.
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