JOSE LOPEZ HURTADO*
E.U. no tenía por qué esperar la suscripción del Tratado de Roma. Al fin y al cabo no lo firmaría, como tampoco el Tratado de Kioto, el de protección del globo, y por ende, se colocaba fuera de sus alcances.
La justicia transnacional no le era aplicable y se bastaba, como ha ocurrido tantas veces, con sus propias tropas de combate y su propia legislación, como ocurrió con su antiguo agente de la CIA y aliado, Manuel Antonio Noriega, sacado en “pijama” de su natal Panamá en 1989 y condenado a purgar 30 años de prisión en las cárceles gringas por tráfico de drogas.
En su ausencia, además, la justicia de su país lo había condenado a más de 35 años por el asesinato del jefe de la oposición Hugo Spadofora y del mayor Moisés Giroldi. No obstante, Francia le acaba de ganar la partida en su solicitud de extradición, igualmente por lavado de activos.
Sin salir de su país, Fujimori afronta el mismo calvario. En este caso, la justicia peruana parece haberse agotado en su cabal cumplimiento, sin riesgo de incurrir en impunidad, o en la necesidad de acudir a apoyos externos.
Otra suerte afortunada han tenido en este Continente, azotado por la corrupción, mandatarios que dispusieron de los dineros públicos para su exclusivo servicio y el de sus familias, allegados y amigos. Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso Rodríguez, ex mandatarios de Panamá; Rafael Ángel Calderón, José María Figueres Olsen y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños Geyer de Nicaragua, Rafael L. Callejas, y recientemente Manuel Zelaya de Honduras, Alfonso Portillo de Guatemala y en su momento Ernesto Samper en Colombia, son dramáticos ejemplos de cómo la justicia quedó congelada en los anaqueles.
Hoy, apenas uno de ellos se encuentra en prisión. Enriquecimiento ilícito, punibles contrataciones, tráfico de influencias, vínculos con los carteles de la droga y con el paramilitarismo, forman parte de sus voluminosos expedientes. La justicia de verdad, en estos casos, ha sido ciega.
La eventual aplicación de los alcances de la Corte Penal Internacional se avizora como una posibilidad, cada vez más cercana. Sobre todo - bondadosa circunstancia - para los punibles de lesa humanidad, amparados por la imprescriptibilidad para perseguir su comisión y consiguiente juzgamiento.
Por eso, repulsan los artificiosos argumentos que esgrimieron contra el Juez Baltasar Garzón para impedir el curso de sus investigaciones sobre los crímenes, asesinatos y desapariciones durante la Guerra Civil Española y la dictadura del Generalísimo.
El recurso final, sin duda, deberá ser la justicia universal - la de los estrados internacionales - como mecanismo residual de las legislaciones de cada país.
NB. Mis apreciados lectores me podrán seguir leyendo en LA REPUBLICA, de Lima; HOY, de Quito, EL HERALD, de Tegucigalpa, Honduras, pero también en LA NACION de Costa Rica, que acaba de abrirme sus amables puertas.
Igualmente en Colombia en los diarios de costumbre, pero también en EL NUEVO DIA, de Ibagué, igualmente generoso con mis escritos.
*Analista Internacional, Colombia.
La justicia transnacional no le era aplicable y se bastaba, como ha ocurrido tantas veces, con sus propias tropas de combate y su propia legislación, como ocurrió con su antiguo agente de la CIA y aliado, Manuel Antonio Noriega, sacado en “pijama” de su natal Panamá en 1989 y condenado a purgar 30 años de prisión en las cárceles gringas por tráfico de drogas.
En su ausencia, además, la justicia de su país lo había condenado a más de 35 años por el asesinato del jefe de la oposición Hugo Spadofora y del mayor Moisés Giroldi. No obstante, Francia le acaba de ganar la partida en su solicitud de extradición, igualmente por lavado de activos.
Sin salir de su país, Fujimori afronta el mismo calvario. En este caso, la justicia peruana parece haberse agotado en su cabal cumplimiento, sin riesgo de incurrir en impunidad, o en la necesidad de acudir a apoyos externos.
Otra suerte afortunada han tenido en este Continente, azotado por la corrupción, mandatarios que dispusieron de los dineros públicos para su exclusivo servicio y el de sus familias, allegados y amigos. Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso Rodríguez, ex mandatarios de Panamá; Rafael Ángel Calderón, José María Figueres Olsen y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños Geyer de Nicaragua, Rafael L. Callejas, y recientemente Manuel Zelaya de Honduras, Alfonso Portillo de Guatemala y en su momento Ernesto Samper en Colombia, son dramáticos ejemplos de cómo la justicia quedó congelada en los anaqueles.
Hoy, apenas uno de ellos se encuentra en prisión. Enriquecimiento ilícito, punibles contrataciones, tráfico de influencias, vínculos con los carteles de la droga y con el paramilitarismo, forman parte de sus voluminosos expedientes. La justicia de verdad, en estos casos, ha sido ciega.
La eventual aplicación de los alcances de la Corte Penal Internacional se avizora como una posibilidad, cada vez más cercana. Sobre todo - bondadosa circunstancia - para los punibles de lesa humanidad, amparados por la imprescriptibilidad para perseguir su comisión y consiguiente juzgamiento.
Por eso, repulsan los artificiosos argumentos que esgrimieron contra el Juez Baltasar Garzón para impedir el curso de sus investigaciones sobre los crímenes, asesinatos y desapariciones durante la Guerra Civil Española y la dictadura del Generalísimo.
El recurso final, sin duda, deberá ser la justicia universal - la de los estrados internacionales - como mecanismo residual de las legislaciones de cada país.
NB. Mis apreciados lectores me podrán seguir leyendo en LA REPUBLICA, de Lima; HOY, de Quito, EL HERALD, de Tegucigalpa, Honduras, pero también en LA NACION de Costa Rica, que acaba de abrirme sus amables puertas.
Igualmente en Colombia en los diarios de costumbre, pero también en EL NUEVO DIA, de Ibagué, igualmente generoso con mis escritos.
*Analista Internacional, Colombia.
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