JOSÉ LÓPEZ HURTADO*
La firma de la Declaración de Principios y Mecanismos de Cooperación entre los Presidentes Santos y Chávez el pasado martes 10 de agosto en la Quinta San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Colombia –que no finca como lo mencionaron algunos medios internacionales, que desconocen la trascendencia artística, cultural e histórica de ese recinto-, significa darle un nuevo aire al principio de la buena fe entre los dos países, roto durante los últimos años por la intemperancia e intransigencia de los mandatarios.
Pero particularmente es indicativo del buen aire que se respira con el nuevo gobierno de la Unidad Nacional, que se instaló el pasado 7 de agosto en Colombia y de la forma como el Presidente colombiano, afrontará de primera mano y en forma personal los conflictos vecinales que heredó.
Una gran dosis de confianza es la que acompaña a los documentos suscritos, que no pueden estar sujetos en su cumplimiento a situaciones coyunturales o de estados de ánimo de los jefes de Estado. Los documentos recuperan en sus términos la importancia de los canales de la diplomacia, dentro de los términos de un diálogo transparente, directo, respetuoso, que privilegie el respeto de la soberanía interna y la integridad territorial.
Las comisiones que se crearon involucran los temas comerciales y fronterizos, en el que participa el asunto de la inversión social para los millones de colombianos y venezolanos que tienen sus negocios en la larga franja, y también el de infraestructura para la región. Pero básicamente -que fue uno de los motivos preponderantes de la reunión-, destaca el tema de la seguridad, dentro del cual se busca prevenir y atacar la presencia o acción de los grupos terroristas.
Si Venezuela, como todo indica, favoreció en el reciente pasado, por acción u omisión, la presencia dentro de su territorio de los grupos criminales, es éste el momento indicado para probarle a la comunidad internacional que no está dispuesto a hacerle más el juego a esos elementos desestabilizadores de la región y a permitir que se la siga estigmatizando por parte de las organizaciones defensoras de la libertad y de los derechos humanos. La presencia permanente de los dos Estados en la línea de frontera, es un requisito fundamental para el éxito de ese propósito, sin duda. Presencia institucional con acciones de gobierno, es decir de inversión, de acompañamiento, a esas comunidades con orígenes comunes.
Se ha responsabilizado a los dos cancilleres que definan los procedimientos concretos para hacer efectivos los mecanismos de cooperación que conduzcan a esos resultados, con el seguimiento de la Secretaría de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, organismo que, como lo hemos planteado en diversas ocasiones en este mismo espacio, aún tiene una abultada deuda con su propia legitimidad ante los ojos de la comunidad internacional y particularmente de la sub-región.
Insistimos en que dentro de la nueva agenda de la política exterior de Colombia, este espacio debería comprometer sus esfuerzos, aprovechando - como se había previsto - que el órgano sub-regional será un referente obligado dentro de los próximos años.
NB. Competencia, experiencia profesional y honestidad a toda prueba, acompañan la candidatura de la dra. Emma Vernaza como Magistrada del Consejo de Estado. Éxitos.
*Analista Internacional, colombiano.
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