JOSE LOPEZ HURTADO*
En un muro de Caracas se lee:”Si es malo ser rico, es peor ser pobre”, para responder a la enseña revolucionaria de Chávez de atacar a los afortunados, eso sí, cuidándose de dejar a buen recaudo a los que sus opositores han llamado los “boli-burgueses”, que se han enriquecido a expensas del Estado.
En Colombia ese precepto (¡) ha roto todas las prevenciones éticas, morales y penales, pues los dineros que se han robado alcanzan cifras inverosímiles, que la colocan junto a Nigeria en la nada envidiable condición de ser los países más corruptos del planeta.
Los datos revelados por el Fiscal General de la Nación (e),-que en un año de ejercicio transitorio ha sido más eficaz en las investigaciones, que en los cuatro de su predecesor-, son francamente reveladores: por regalías se han timado más de un billón de pesos colombianos. Indolencia, despilfarro, negligencia y desidia oficial sin control alguno sobre la destinación de recursos públicos, es el panorama que se advierte en relación con las regalías, que tienen rango constitucional (Artículos 360 y siguiente de la Carta Política), y que se refieren a los dineros que el gobierno y las entidades territoriales reciben por la explotación de los recursos naturales no renovables, los que deben ser invertidos en la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas provincias.
Nada de esto se ha hecho. Por el contrario, los dineros oficiales no aparecen, ni se han traducido en mejores condiciones de vida para la población necesitada. Se quedaron enredados en los bolsillos de los contratistas, o en los de los familiares de los gobernantes, o en oscuras bolsas bursátiles en bancarrota, como ocurrió en el caso de Arauca, en la que su gobernador purga condena por el punible destino que hizo de esos recursos. Entre 2002 y 2008 las provincias de Casanare, Meta, Guajira, Huila, Arauca, Cesar, Santander, Córdoba, Tolima y Boyacá, en orden descendente, aparecen como los mayores beneficiarios.
Pero las obras no aparecen o están abandonadas a medio hacer: colegios que costaron 6.654 millones se encuentran invadidos por la maleza, parques (¡) a un costo de 10.351 millones, en igual estado de abandono; acueductos inservibles por 3.900 millones, museos(¡) en obra negra por 1.100 millones, acueductos inconclusos, plantas procesadores de yuca que costaron más de 6.700 millones, que no prestan ninguna utilidad, etc.
No resulta difícil presumir a dónde fueron a parar esos dineros públicos, por lo que la enseña bolivariana de la cual hablamos al principio, resulta insignificante en su contenido, dentro del catálogo de principios que maneja la corrupción en Colombia.
Ahora el nuevo gobierno del Presidente Santos ha prometido una radical reforma al sistema de la distribución de las regalías en Colombia, y creemos también que debería contemplarse una revisión a las exenciones a las empresas explotadoras -en vísperas como se ha anunciado de una bonanza petrolera y minera-, que ojalá no resulte inocua, pues el tema fundamental, como siempre, tiene que ver con principios morales, con la honestidad, con la dignidad y respeto por los recursos públicos. Ya ni la cárcel amedranta ni atemoriza. Peor es ser pobres, pensarán.
NB. La ex cúpula de Uribe (Bernardo Moreno, José Obdulio Gaviria, el ex Secretario de Prensa de Palacio, y otros), ante las recientes declaraciones en la Fiscalía del principal testigo-condenado por las “chuzadas”, está ad-portas de La Modelo. Se siente un frescor.
*Analista Internacional, colombiano.
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