José López Hurtado
Desde los albores de la historia humana, la sociedad en procura de normas mínimas de comportamiento, ha establecido algunos principios que han ido decantándose para procurar su propia supervivencia. Incluso desde antes del Código de Hamurabi, estricto canon de hábitos y conductas, pasando por modernas legislaciones, unas mejores que otras, teniendo siempre como referencia la conducta humana.
Es así que dentro de ese catálogo de prototipos conductuales, el derecho penal, por ejemplo, se ha definido con algunas variaciones, como el orden coactivo de la conducta humana, lo que significa que es la actitud del hombre la que se sanciona, cuando ésta se desvía de los patrones impuestos por el poder político, atendiendo en la mayoría de los casos a normas no escritas de ética y moral, y que forman parte de la tradición intangible de las sociedades.
La misma naturaleza de la pena, como retribución social y de rehabilitación individual, da cuenta de que en derecho penal el sujeto activo, así como pasivo, es el hombre y sus manifestaciones externas.
Pero ocurre que ahora, los tribunales bolivianos, como ha ocurrido también en Venezuela y por mucho tiempo en Cuba, han querido intempestivamente negar esos elementales principios y adoptar su propio catálogo, inspirado en razones fundamentalmente políticas, para sostener su régimen de desmanes y de arbitrariedades.
No les importa a esos tribunales de bolsillo del poder político, sostener sin rubor alguno, que también las personas jurídicas, de derecho público o privado, para el caso son iguales, –llámense bancos, corporaciones, fundaciones-, pueden ser sujetos eventuales de la acción criminosa de los ciudadanos. Novedosa teoría que no resiste otra explicación que la de atender a los más oscuros intereses de dominación del poderío estatal, para aplicar con mayor rigor cuando en el banquillo de los acusados se encuentren miembros de la oposición.
No muy diferente a la justicia de los Borgia en Italia, cuando el régimen alcanzó las mayores desproporciones y desafueros, o con Mussolini, o con la bota militar argentina, o con la que quería imponer en Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien quiso someter a las altas cortes a sus designios personales.
El turno para inaugurar la vergonzosa teoría de que las entidades del gobierno pueden ser sujetos de injuria y calumnia, correspondió al ex mandatario Jorge Quiroga, -jefe de la oposición- quien acaba de ser condenado a más de dos años de prisión (por fortuna existen todavía en ese país los que los abogados llaman los beneficios o subrogados penales, para penas menos de dos o tres años, en los cuales el condenado puede redimir la condena en libertad), por sus reiteradas denuncias contra el Banco Unión, de propiedad del gobierno boliviano y convertido en la caja menor de fondos para alimentar la corrupción del régimen.
La manipulada justicia boliviana consideró que el jefe opositor con sus denuncias de cómo con dineros bolivianos y venezolanos que estaban depositados en ese banco, se estaban cometiendo los mayores desmanes e indecibles operaciones espurias, con el fin de sostener al gobierno socialista, había incurrido en el punible de injuria y difamación, que debía ser penado.
Pésimo antecedente éste, que es una muestra más de cómo el poder no se detiene cuando se trata de defender sus intereses y su propia permanencia, a costa de sacrificar principios de democracia y legalidad cultivados con tesón en la azarosa historia de la humanidad.
*Analista Internacional, colombiano.
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