El Gobierno radicó en el Congreso el nuevo Estatuto Anticorrupción, que hace más duras las penas para los corruptos, elimina beneficios penales como la detención domiciliaria para ladrones de cuello blanco, regula algunas actividades de lobby y elimina la figura del zar anticorrupción.
Un artículo fija las inhabilidades para los contratistas: Nadie que haya financiado cualquier campaña política, por sí mismo o por interpuesta persona, o sus familiares dentro del segundo grado de consanguinidad (padres, hermanos), segundo de afinidad (cuñados), o primero civil (esposos o esposas o hijos adoptivos), podrá contratar con el ente territorial con que hizo el aporte. Para lo único que no aplica es para los contratos de prestación de servicios.
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