Por Leopoldo de Quevedo y Monroy
En el país del olvido todo puede quedar sumido en el mutismo y la inercia. Se anda por la calle, se va al cine, se aguanta hambre, alguien va al trabajo y otros se esconden tras las paredes de su casa. Se anda sin memoria, sin historia. Todo es el presente, no hay pasado ni importa el futuro. No es el Hades, fatídica fosa; ni Utopía, donde se nada en mares de felicidad y autosuficiencia, ni es el cielo anticipado, donde vuelan ángeles y diablos cogidos de la mano. Eso nos podría suceder en Colombia, si echamos por la borda el ombligo o tabla salvadora, la tutela, que estableció en 1991 el Constituyente Primario.
No sólo porque el candidato de entonces prometió no tocar la tutela, este instrumento jurídico -tan eficaz y rápido para desatar nudos gordos y apretados- debe fortalecerse, sino que mermar su fuerza sería acabar el único medio que tiene la gente inerme ante el Estado y los peces gordos. La tutela fue instituida para preservar los derechos fundamentales vulnerados o en peligro de que se le violen a un individuo que pisa el suelo colombiano.
La tutela es una acción o mecanismo que pone a funcionar el "aparato" judicial de forma inmediata y eficaz. Normalmente, los procesos civiles, administrativos, laborales, penales, son lentos y tortuosos. Se admiten a través de largos y dispendiosos requisitos. Fuera de eso, tienen que sujetarse a incidentes muchas veces raros, a esperar los "términos" y a que jueces y empleados amanezcan de buen genio para impulsar la marcha del "negocio". De ahí que haya hecho carrera la frase de que la Justicia es coja. Es muy renca, es cara, a veces se duerme y se vencen los términos, y los cabos quedan a la deriva en el mar de la impunidad, para siempre.
En cambio, la tutela -lo saben hasta el iletrado, el pobre y el enfermo, el portero y la empleada del servicio- corre, vuela y produce resultados casi mágicos en el país de la lentitud y la burocracia. Se puede instaurar la acción verbalmente, sin necesidad de abogado, el juez debe abrir la puerta, recibir la queja, mejorarla, darle trámite y fallar dentro del razonable término de diez días. Así, la tutela dio el ejemplo a los demás procesos en cumplir el principio procesal de celeridad y de dar cumplida justicia a quien la impreca. En algo se copió para realizar las audiencias de control de garantías en la puerta del proceso penal, cosas que ya vamos viendo cómo se aplican tan convenientemente con el otro principio de "oportunidad".
Con el paso de los días, la tutela se ha convertido en el ombligo que conecta y alimenta a quienes por la urgencia de salud o los ataques contra su trabajo están en inminente peligro de perder la vida o el sustento. Es a los más desvalidos a quienes ha servido este instrumento, y los ha defendido. Claro que también hombres de cuello blanco y mano larga se han servido de él para intentar librarse de las rejas. Sin embargo, la tutela ha demostrado ser una joya jurídica, apta para frenar apetitos y desmanes de EPS y empleadores. ¿Será por eso que hay tanto afán de acabar con ella?
La ciudadanía no puede quedarse lela mirando cómo se lanzan zarpazos contra la buena salud de la tutela. Ya la Corte Constitucional ha dado la alerta y ha recordado a este gobierno su promesa de no alterarla. Porque es la única válvula de escape que tiene el ciudadano para que no exploten como bomba la inequidad y sus desgracias.
Del ahogado (C. Pizarro) aunque el sombrero...
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