Argumentando no haber sido notificada de una medida cautelar expedida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, que ordenó el pasado 26 de octubre la suspensión de todos los actos administrativos y las obras que tienen que ver con la instalación de tubería para el transporte de gas por el casco urbano de Santander de Quilichao, la empresa Progasur S.A. E.S.P. intentó en la mañana de este domingo 31 de octubre, enterrar la tubería por el trazado suspendido, desplazando al área maquinarias, equipos y obreros, lo cual provocó airada reacción de rechazo por parte de vecinos de los barrios El Rosario, Belén, Santa Anita, Villa del Sur y Calama, que no permitieron que se realizaran los trabajos.
La protesta de la comunidad inició cuando se supo que la Alcaldía Municipal, por intermedio de la oficina asesora de planeación, hace nueve meses, autorizó a la empresa Progasur para construir el gasoducto que conecta a Cali con la ciudad de Popayán, atravesando por 10 barrios del occidente del municipio, en una extensión lineal de unos cuatro mil metros, sin concertar con las comunidades afectadas, como lo dispone la normatividad legal, siendo éste el único municipio que autorizó el gasoducto por el área urbana, pues ni Caloto, Villa Rica, Puerto Tejada ni Piendamó lo autorizaron de esa manera.
En consecuencia, la colectividad presuntamente perjudicada convocó el pasado 9 de septiembre a una audiencia pública, con presencia de la Procuraduría Provincial, con el fin de rechazar el trazado aprobado por Planeación Municipal, logrando que se tuviera en cuenta la posibilidad de un nuevo trayecto que se haría por fuera del casco urbano, colindando con variante de la vía Panamericana. Así procedió tanto la Alcaldía Municipal como la empresa Progasur, que obtuvieron autorización del Instituto Nacional de Concesiones –INCO- entidad adscrita al Ministerio del Transporte que administra la infraestructura vial, para que en paralelo a la Panamericana –variante Santander de Quilichao- se construyera el gasoducto, con una serie de condiciones, al parecer no aceptadas por Progasur. Por estas circunstancias, el grupo de afectados interpuso, el pasado 4 de octubre, una Acción Popular ante un juzgado de Santander, que por competencia trasladó el caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Cauca, el cual dispuso la suspensión cautelar de las obras.
De acuerdo con la versión suministrada a este medio por el concejal Néstor Pardo, el traslado del trazado hacia las afueras del sector urbano tendría un costo adicional de 2.900 millones de pesos que, según autorización del Ministerio de Minas y Energía, serían recuperados vía tarifas. Sin embargo las condiciones no fueron aceptadas y en el día de hoy quisieron burlar la decisión judicial, por lo cual la situación ameritó la presencia de las autoridades de Policía, del alcalde municipal Juan José Fernández Mera y del Secretario de Gobierno Municipal, Andrés Felipe Gil, quienes lograron controlar la situación y detener los trabajos iniciados en las primeras horas del día.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada