“La cadena perpetua no es la solución para evitar el abuso sexual de menores”: senador Jesús Ignacio García Valencia

Un llamado a la Comisión Nacional de Política Criminal para que estudie las causas del abuso sexual de menores hizo el senador Jesús Ignacio García Valencia en el marco de la discusión del proyecto de acto legislativo que pretende consagrar la cadena perpetua para quienes cometan esa clase de delitos.

Lo ideal es que ningún niño sea abusado sexualmente acotó el legislador y para ello debemos adelantar una gran acción preventiva que debe tener como fundamento averiguar científicamente cual es el origen de esa conducta punible y a partir de allí adoptar correctivos adecuados para evitar que los menores sean víctimas de esos lesivos comportamientos.

En otro aparte de su intervención aseveró que la cadena perpetua no es la solución. En primer término porque ella viene a operar cuando ya se le ha causado el daño al menor; en segundo lugar porque la experiencia ha demostrado que el endurecimiento de las penas no contiene el fenómeno delictivo y desde el punto de vista del diseño constitucional la reforma de la constitución seria violatoria del principio de proporcionalidad puesto que se estaría sancionando con una pena mayor un atentado contra la integridad sexual que un genocidio o un homicidio conductas que atentan contra la perpetuidad de la especie humana y la vida, bienes fundamentales de la existencia social.

La cadena perpetua atenta contra la dignidad humana porque con ella se cumple un fin retributivo de la pena que busca generar escarnio público pero que no acaba con el problema que pretende atacar, utilizando al ser humano como medio de venganza, de retaliación y se olvida con su aplicación que una finalidad del Estado Social de Derecho es darle efectividad a los derechos humanos y esta finalidad se logra acudiendo a otros fines de la pena como la rehabilitación y la reinserción social, los cuales buscan que quien ha incurrido en una conducta punible se reincorpore a la sociedad con el pleno disfrute de sus derechos con la garantía que no volverá a trasgredir los valores y los bienes jurídicos que la sociedad tiene interés en proteger.

Es preferible, concluyó García Valencia, que el grupo de eminentes juristas que conforman la Comisión Nacional de Política Criminal estudie la raíz del problema del abuso sexual y nos diseñen con base en ello la política a seguir para prevenir que nuestros menores sean víctimas de ese atropello.