La ley de Víctimas

Por: Luís A. Barrera M.

Pocas iniciativas del legislativo han despertado el consenso políticos entre las bancadas del Congreso y el propio Gobierno como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y que ya hace curso con la totalidad de las firmas ponentes en el Senado de la República.

Caratulado como Proyecto de Ley 213 de 2010, “Por el cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y se dictan otras disposiciones”, el informe de ponencia fue firmado por los senadores Juan Fernando Cristo, Hernán Andrade, Luis Carlos Avellaneda, Jorge Eduardo Londoño, Roy Barreras y Hemel Hurtado.

Con la radicación de la ponencia de la ley de víctimas y restitución de tierras en el Senado de la República se inicia así la etapa final del trámite de una de las más importantes iniciativas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y se abre paso un fuerte enfrentamiento entre dos de los partidos que forman parte de la mesa de Unidad Nacional: el Liberal y el de la U.

Aunque esta última colectividad presentó nueve proposiciones modificatorias al texto que radicó el liberalismo, el punto de honor será la atención de los afectados por el conflicto armado. En la ponencia se plantea la creación de la Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pero la U se niega a acompañar este punto y ratifica su intención de que siga siendo Acción Social, de la Presidencia de la República, la entidad que preste dicha labor.

Esta próxima Ley tendrá dos padres y gestores muy importantes como los son los senadores Juan Fernando Cristo del Partido Liberal y Roy Barreras, del Partido de la U, aunque prácticamente la iniciativa es del programa de la colectividad roja, sin el apoyo del presidente Santos y los buenos oficios del hábil senador vallecaucano, difícilmente hubiera llegado hasta el consenso suscitado en el Senado.

Para algunos se trata de un debate de menor importancia, pero lo cierto es que existe un trasfondo político que augura una fuerte polémica. Para nadie es un secreto que para el Partido Liberal todo lo que tenga que ver con el ex presidente Álvaro Uribe le huele mal. No en vano formaron parte de la oposición durante sus ocho años de mandato y saben que los ciudadanos —en especial los más de cuatro millones de colombianos que podrían verse beneficiados con la aprobación de la ley de víctimas— relacionan a Acción Social con el ex mandatario.

No obstante, lo que daría prenda de garantía para el manejo y puesta en marcha de esta trascendental Ley es el propio Alto Consejero Presidencial y Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -ACCIÓN SOCIAL-, Diego Andrés Molano Aponte, (foto) un bogotano que apenas supera los 40 años. Y quien ha sido Director Adjunto del Programa MIDAS de USAID, y previamente se desempeñó como Director de Programas Sociales de la misma Agencia.

Es Administrador de Empresas de la Universidad del Rosario Internacional de la Politólogo de Universidad Javeriana, con una especialización en Integración y una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Como Alto Consejero Presidencial y Director de ACCIÓN SOCIAL, desde septiembre de 2009, es hoy el responsable de liderar los más importantes programas sociales del Gobierno Nacional, y de seguir garantizando su exitosa aplicación mediante una continua y adecuada coordinación interinstitucional.

Lo que lo convierte en uno de los más destacados, respetados y acuciosos altos funcionarios con sorprendentes resultados, bajo cuya tutoría bien podría quedar el desarrollo de una de la Ley que es de la mayor trascendencia e impacto social en los próximos años y cuya ponderada aplicación sería el acto de justicia más dignificante con aquellos compatriotas que han sido víctimas de esta absurda guerra en que vivimos los colombianos.

lualbamo@hotmail.com