Seminario sobre Políticas Públicas de Seguridad se realizó en Santander de Quilichao

“Estén seguros que lo van a lograr con la premisa de que nunca el crimen podrá con un Estado democrático y jamás una banda de criminales va a poder con una sociedad unida que está decidida a enfrentarlos”: Paola Andrea Holguín Moreno

Santander de Quilichao, Cauca, 29 de Marzo de 2011.- Un seminario sobre Políticas Públicas de Seguridad se realizó hoy en esta ciudad, orientado por Paola Andrea Holguín Moreno, experta en temas de seguridad, y quien fue asesora del Gobierno Nacional en esta especialidad, periodista y profesora universitaria; igualmente, fue encargada de asuntos políticos de la embajada de Colombia en México.

Este seminario, convocado por la Alcaldía Municipal, fue dirigido a los secretarios del Despacho, representantes de la Policía Nacional, al sector empresarial y comercial privado, funcionarios del CTI, Fiscalía General de la Nación y algunos invitados del sector civil, quienes asistieron a las instalaciones de Los Andes Golf Club, donde la conferencista Holguín Moreno disertó sobre los dos grandes retos que enfrenta Colombia, al igual que los demás países de América Latina: Asegurar un orden político democrático dotado de instituciones cada vez más representativas y de mejor calidad, garantizando la creciente participación ciudadana en los procesos decisorios y avalar con una acción gubernamental eficaz y eficiente, la modernidad, la readecuación y el desarrollo sostenido de su economía.

Holguín Moreno destacó que los elementos para lograrlo son la Seguridad con alcance democrático; Protección efectiva de las libertades públicas; Transparencia como factor de confianza; Cohesión social como principio de sostenibilidad (equidad, superación de la pobreza) y Respeto a la independencia de las instituciones que confluyen a la conformación del Estado (la tendencia regresiva de eliminar la independencia de las instituciones que conforman el estado, configuran una dictadura con votos).

“Para ello es importante, sostuvo la doctora Holguín Moreno, contar con un Estado que sea Gerencial, que administre lo público con eficiencia, honestidad, austeridad y por resultados; que sea Participativo, es decir, que tenga en cuenta las demandas de los ciudadanos, y les permita participar en la formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; y que sea Descentralizado, o sea, que tenga en cuenta las necesidades locales sin perjuicio del interés nacional y de la solidaridad regional”.

Seguridad

Tratándose el tema de la seguridad, explicó que en realidad éste es un derecho humano, requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos. Que es un bien público al que los ciudadanos tienen que tener derecho en igualdad de condiciones.

Destacó igualmente que la seguridad exige el fortalecimiento de la institución democrática (“las organizaciones criminales destruyen el orden legal, abren espacios de impunidad, se esfuerzan por replegar o sustituir las instituciones donde la autoridad es débil, minando la gobernabilidad democrática y sometiendo a la población a un régimen de intimidación, violencia y terror”), es necesario consolidar, por ejemplo, el sistema judicial, las fuerzas militares y de policía, la inteligencia y las finanzas del Estado.

Advirtió, por otra parte, que “para combatir el crimen organizado es importante pensar que estamos hablando de empresas, no de delitos o eventos particulares, estamos hablando de una estructura contra la que es necesaria una investigación proactiva, no reactiva. Requiere que el fiscal se involucre desde el comienzo de la investigación, donde se hace necesario elaborar un plan, establecer manejo de pruebas, delitos, etc. El cambio de sistema requiere no sólo nuevas normas, procedimientos, etc., sino cambio de cultura y mentalidad en todos los actores”, e hizo énfasis en que “el imperio de la ley es garantía de desarrollo y prosperidad económica (el crecimiento sostenido depende de la confianza inversionista que a la vez permite lograr cohesión social). Los costos económicos y sociales de la violencia y la delincuencia inciden en la promoción del desarrollo humano sostenible; entonces, se requiere trabajo de la mano de la justicia. La falta de acceso a la justicia, potencia la búsqueda de formas alternativas de justicia, “justicia por propia mano”, sentenció.

Políticas públicas de seguridad

Sobre las políticas públicas de seguridad dijo que debe ser una política de largo plazo no de Gobierno, que requiere liderazgo (asumir riesgos y responsabilidad), balances y contrapesos para disminuir errores y aumentar la efectividad en la prevención y control de la violencia y exige un debate público, con intervención de todos los miembros de la sociedad.

Como conclusiones se asumió que las políticas de seguridad tienen que ser flexibles. Así como los criminales cambian, tienen que cambiar las estrategias para combatirlos (Ejemplo: con la desmovilización de los mal llamados paramilitares, es sus zonas de influencia surgieron las bandas criminales al servicio del narcotráfico; las FARC, no pudieron continuar con la guerra de movimientos, regresaron a la antigua guerra de guerrillas; los narcotraficantes pasaron de grandes extensiones a pequeñas parcelas en zonas de difícil acceso y camufladas con cultivos legales).

Participación ciudadana

A este respecto se llegó a las siguientes conclusiones:

La participación ciudadana se debe dar a través de todas las formas posibles y legítimas de organización –gremios, sindicatos, agrupaciones religiosas, organizaciones no gubernamentales, o asociaciones en general.

La participación ciudadana garantiza que los recursos lleguen directamente a la gente, que se construya equidad, que haya transparencia y que se pueda asignar responsabilidad política a quienes fallen en el proceso de conducción del Estado nacional y local.

La participación activa de los ciudadanos, su colaboración con la administración de justicia y su apoyo a las autoridades, son parte esencial del fortalecimiento de la justicia, la democracia y en consecuencia del Estado de Derecho. Estos son deberes de obligatorio cumplimiento.

La cooperación ciudadana reposa en el principio de solidaridad sobre el cual se funda el Estado Social de Derecho que determina que debe prevalecer el interés común sobre el interés individual, y que los ciudadanos deben participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.