Según una declaración final expedida por la mesa intersectorial por el derecho a la salud, los gerentes de las empresas sociales del estado, los gerentes de IPS, secretarios de salud y estamentos básicos intra y extrahospitalarios de todo el país, las asociaciones de pacientes, las organizaciones de usuarios y estudiantes de profesiones médicas, reunidos en Bogotá el 25 de agosto de 2011, ante el colapso de la salud en todo el territorio nacional y la ausencia de respuestas efectivas por parte del Gobierno y Congreso de la República, decidieron declarar que el actual sistema de salud colapsó en todo el país, ya que no hay con que pagar a proveedores ni a trabajadores, se disminuyen los servicios y su calidad y se arriesga la vida de los pacientes.
Igualmente informan en el comunicado que las medidas tomadas hasta ahora, tales como restricción de servicios, recortes de derechos laborales, reestructuraciones y reformas, ocultas bajo ropaje de “salvación de los hospitales” han tenido cono verdadero objetivo es el favorecimiento a las EPS.
También expresaron que la intermediación financiera, sólo ha servido para enriquecer a quienes tienen la salud como negocio y ha causado daños irreparables a la población, puesto que a través de este mecanismo se desvían los recursos de la salud a otras actividades ajenas a su propósito Constitucional y legal, se niega el pago a los prestadores y el servicio a los usuarios, se recobra lo ya pagado, se alteran los precios de los medicamentos, se arruina la red hospitalaria y se violan los derechos humanos.
En el pronunciamiento se indica además que ningún hospital público o clínica privada podrán sobrevivir sin el pago de sus servicios, sobre todo cuando estas deudas, que ya suman 5.6 billones de pesos, se prolongan en el tiempo.
En consecuencia, exigen que el Gobierno Nacional congele los activos de las EPS morosas, ilíquidas e insolventes y los organismos de control conjuntamente con los prestadores se constituyan en parte civil para el embargo de los bienes de las EPS, como forma de garantizar el pago de las deudas, así como el pago inmediato a los prestadores de servicios de salud por parte de las EPS, FOSYGA y entes territoriales.
Igualmente exigen tomar los recursos que el FOSYGA tiene colocados en TES, para el pago de las deudas de los hospitales y compensar aquellos que se encuentran quebrados por culpa del sistema de salud y una inyección financiera a las ESE para asumir la vinculación a la planta de personal a quienes desarrollan actividades permanentes, hoy vinculados por cooperativas u otra forma de tercerización.
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