LOS MECANISMOS DE CONTROL EN COLOMBIA
Por Leopoldo de Quevedo y Monroy
Colombiano
Con tanto robo a las arcas del Estado en organismos como DNE, Invías, EPS, IDU, etc., etc., y después que los medios se han decidido a destapar la corrupción en todos los niveles: Nación, Departamentos y Alcaldías con las regalías, contratos de prestación de servicios y registros de predios, uno casi lego y con fe de carbonero en lo que deben hacer quienes manejan dineros que no son suyos, piensa qué ha pasado. ¿La sal se ha corrompido, los buenos han torcido su brazo y se han dejado untar la mano?.
¿De qué vale todo ese ejército de procuradores, contralores delegados, interventores, personerías, control interno de entidades estatales? Se cambió la ley que establecía el control previo por el coincidente y luego por el control posterior a lo gastado. Anualmente se hace corte de lo ejecutado y se procede a verificar si el presupuesto fue correctamente aplicado, según los costos del mercado y lo realmente invertido en las obras que aparecen en los documentos. ¿Pero, qué ha pasado? Mauricio Gómez algo nos ha contado en Arauca, Huila.
Las autoridades de control han cerrado sus ojos o, peor aún, se han hecho los de la vista gorda a los desfalcos, a las venas rotas que llegan hasta la arteria más cercana al corazón de la fe que el pueblo espera de quienes deben vigilar el erario. No hemos sabido que de la Contraloría o la Procuraduría haya salido alguna persona o se haya sancionado alguien por no haber puesto el dedo en las numerosas llagas que hoy han destapado periodistas y ONGs.
Los ojos de la Nación se posan en funcionarios a quienes se les da el nombre de “servidores públicos” después de varios años en pasadas administraciones, en errores garrafales en varias instituciones. ¿A quiénes correspondía la vigilancia? ¿Por qué no se dio la alarma roja de lo que estaba incubándose y sucediendo? ¿Acaso eso ya prescribió o se cree que con que caigan algunos peces no muy gordos con eso se arregla haber callado o no haber detectado a tiempo las graves fallas? ¿No hay o no hubo en todos estos funcionarios negligencia o prevaricato por omisión o nunca estuvo previsto en el Código Único Disciplinario?
¿Por qué se paga un sueldo a estos funcionarios, de qué sirve apropiar un dineral del presupuesto general en sostener estas entidades que no cuidan con celo los gastos del Estado por parte de sus administradores? Es pernicioso que en Colombia impere la consigna de que funcionario que se nombra debe aprovechar su puesto para la tajada. La crisis que atravesamos en gran medida se les puede atribuir a ellos.
¿Si un particular, funcionario o contratista, forma un consorcio temporal y acomoda la situación ficticia para que le adjudiquen una obra, el interventor, la Contraloría, la Procuraduría no vigilan que el consorcio tenga capacidad técnica, equipos necesarios, capital y seguros que respalden los desembolsos? ¿Da lo mismo tener experiencia que empezar de cero y armar un grupo a la carrera para constituir una empresa y poner en grave riesgo una obra de utilidad pública, una ecología y unas comunidades?
Lo que pasó en el túnel de la Nariz del diablo, lo que pasa en los permisos a concesiones canadienses en Caramanta o en el Cauca o en Calarcá, en Marmato, en Arauca, en Santa Marta, quién lo supervisa? ¿Basta que Minminas o el Ica o Invías o el Igac o el Alcalde o las oficinas de planeación lo aprueben y no hay lugar a más control alguno?
Las entidades de control están fallando. Es más, están sobrando. El aparato del Estado parece una mula muy cerrera que ni deja enjalmar y trata de quitarse la carga que le corresponde llevar encima. Hace falta un zurriago, hace falta el arriero que la haga entrar por el camino de herradura o por el túnel. Si no es por la razón y la buena fe, por la vía disciplinaria o penal. Porque ni un contralor ni un procurador ni un interventor o un contratista es una mula, sino un ciudadano que debe cumplir un encargo ético y legal.
16-10-11 - 11:12 a.m.
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