Cristiana sepultura

Por Victor Hugo Lucero M.

La llamada reforma a la Justicia se enfermó, y puede llegar a fallecer para, finalmente, recibir una “cristiana sepultura”.

El Consejo de Estado se pronunció y dijo que la reforma a la Justicia atenta contra la independencia de la Justicia. Sostiene que el proyecto que se debate en el Congreso afecta el equilibrio de los poderes. Argumenta el alto tribunal que el proyecto de reforma a la Justicia debilita la autonomía de la Rama Judicial y los principios de separación de los poderes públicos.

Entre los principales errores que tiene el proyecto, indican los miembros del Consejo de Estado, están los que tienen que ver con las modificaciones de la Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, lo cual fue calificado como «un deterioro a la autonomía y la gobernabilidad de la Rama».

Mientras tanto, funcionarios de la Rama Judicial, abogados y estudiantes de las Facultades de Derecho rechazaron la que califican de «mal llamada reforma a la Justicia», y anunciaron una parálisis de labores hasta tanto el Gobierno cambie de opinión.

Para los próximos días se espera el pronunciamiento de otros altos tribunales, sobre el tema de la reforma a la Justicia.

Sectores académicos argumentan que el Congreso y el Gobierno están trabajando para someter a la Justicia, y cobrar revancha por las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia frente a muchos integrantes del Legislativo.

La posición del sector de la Justicia está totalmente en contra de los temas que fueron incluidos, desconociendo de antemano las recomendaciones y las propuestas hechas por el sector judicial.

“Si es necesarios vamos a marchar, protestar y hasta a paralizar las actividades para poder ser escuchados por el Gobierno nacional, así como lo hicieron los estudiantes con la reforma educativa, la cual fue retirada finalmente”, dijeron los inconformes.

Este hecho será el tema de las próximas semanas. A su alrededor deberá buscarse ante todo la concertación de los poderes y evitar como están acusando al Congreso y al Gobierno de estar «conejeando» al poder judicial.