CARLOS E. CAÑAR SARRIA
Muchas expectativas despierta la decisión del Gobierno Nacional de dar inicio a la gratuidad educativa a partir del próximo año. Según esta determinación, los estudiantes matriculados en establecimientos estatales desde preescolar (grado cero) hasta el grado once, no pagarán costos educativos. El Gobierno asume el compromiso de asignar recursos adicionales y evitar con ello que los estudiantes paguen derechos académicos y de servicios complementarios. Los derechos académicos corresponden al cobro que hace el establecimiento educativo a los padres de familia, acudientes o estudiantes por la prestación del servicio educativo. Los cobros de servicios complementarios se refieren a carné estudiantil, certificados y constancias de estudio, derechos de grado, etc.
Según el Ministerio de Educación, hasta 2010 se asignaban recursos para gratuidad educativa a estudiantes matriculados en establecimientos educativos estatales, pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisbén, que hacen parte de la población desplazada, indígena y en discapacidad. Según la iniciativa gubernamental, se trata de cerrar las brechas en acceso, permanencia y calidad educativa entre regiones, zonas y poblaciones vulnerables y las que no lo son. Para 2011 se implementó la gratuidad universal en transición y primaria, al tiempo en que se mantuvo la gratuidad a la población vulnerable. La inversión fue de $239 mil millones. Para 2012 se universalizará también en secundaria y media, esto significa que se asignarán recursos para todos y cada uno de los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos estatales en transición, primaria, secundaria y media. La Ministra de Educación señalo que: “Es un orgullo decirle al país que a partir de 2012 la educación en los colegios públicos será completamente gratuita en todos los niveles de formación". Esta decisión, según la Ministra, demuestra el compromiso social del Gobierno Nacional con la educación pública. Además de lo anterior, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo dio lugar a la aprobación del Congreso de la República que los recursos del Sistema General de Participaciones para educación destinados a gratuidad educativa, sean girados directamente a los establecimientos educativos.
El derecho esencial a la educación debe ser garantizado por el Estado. La gratuidad educativa es un importante inicio de la vigencia de este derecho. La universalidad de la educación debe tender incuestionablemente al mejoramiento de la calidad; calidad que según resultados de las evaluaciones estatales, viene en detrimento. En las regiones más olvidadas del país, la calidad es deficiente, precisamente por la carencia de condiciones mínimas. En el interior de muchos establecimientos educativos ha surgido la preocupación de que como está diseñada la distribución de recursos, muchos dolores de cabeza tendrán que aguantarse; pues el aporte anual por cada estudiante anunciado por el Gobierno, es supremamente inferior al que realmente se necesita para garantizar una educación con calidad. En muchas instituciones educativas no hay ni para comprar una tiza. La gratuidad educativa puede resultar halagüeña, deseable o agradable pero no se dejan de escucharse voces en el sentido de que lo barato podría resultar caro. Bienvenida la gratuidad si el Gobierno destina a las instituciones lo que éstas requieren en cobertura y calidad. Lo contario, no será otra cosa que populismo.
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