Mapiripán

Gloria Cepeda Vargas

El miércoles 23 de noviembre la Canciller María Ángela Holguín y el Ministro de Justicia representaron a Colombia en audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir la revisión de la sentencia condenatoria emitida por la Corte contra el Estado colombiano por la masacre de Mapiripán, ya que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía asegura que ha documentado más de tres casos –semejantes al de Mariela Contreras quien confesó haber mentido en este caso- en los que al Estado colombiano le fue impuesta injustamente la reparación de falsas víctimas.

Entre el 15 y el 20 de julio de 1977, el municipio de Mapiripán fue escenario de un dantesco espectáculo de sangre y horror. Según declaraciones de Salvatore Mancuso, los días 12 y 13 de julio respectivamente, proveniente de Apartadó y Necoclí y con el fin de “Dar una lección a la guerrilla”, un centenar de paramilitares fuertemente armados, a bordo de aviones y lanchas, llegó a Mapiripán apoyado por el ejército, la policía, algunos habitantes y funcionarios públicos y asesores norteamericanos destacados en el área. La Fiscalía estableció que un alto oficial ideó su introducción en la región en complicidad con la Policía Antinarcóticos. Los asesinos partieron de la Base de la Brigada Móvil número 2 y un sargento les dio vía libre. El ejército nacional, la Cruz Roja Internacional, la Procuraduría de la Nación y la Fiscalía, eran conocedores de lo que estaba sucediendo, es decir, el Estado dejó a merced de los asesinos a los indefensos habitantes de Mapiripán ya que cinturones de militares evitaron la salida mientras duró el suplicio. Lo que siguió fue indescriptible: las fieras allanaron las casas en busca de material subversivo, desvisceraron, degollaron, descuartizaron, violaron a las mujeres, jugaron fútbol con la cabeza de las víctimas muchas de las cuales fueron arrojadas al río Guaviare, en medio de los gritos, el llanto, la desesperación y el ruido producido por la motosierra. El 23 de julio llegó el ejército para informar que “Nada anormal sucedía en la región”. Los paras asumieron el control de algunas fincas cocaleras, luego vendrían la batalla de Mapiripán, la segunda masacre de Puerto Alvira y el desplazamiento de quienes fueron aventados a la indigencia o al exilio.

Es muy probable que haya habido infiltraciones inescrupulosas en el proceso de reparación como sucedió en la controvertida reinserción paramilitar del gobierno de Uribe. Pero me pregunto: ante un episodio que reta hasta el cuero más curtido y en un país donde roba y se lava las manos el alto funcionario ¿son comprensibles este alboroto y los escupitajos dirigidos a la Corte Interamericana y a los abogados defensores de las víctimas?