Con ponencia del Senador Jesús Ignacio García Valencia fue aprobado en último debate el proyecto de acto legislativo que faculta a la señora Fiscal General de la Nación para delegar en el Vice Fiscal o en los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia la acusación de los aforados constitucionales ante esta última corporación.
Preguntado el Senador García Valencia sobre los alcances de esta decisión afirmó que ella contribuye a descongestionar el Despacho de la Fiscal General de la Nación, que tiene a su conocimiento más de 1.150 asuntos que prácticamente es imposible que ella pueda evacuar personalmente. Los procesos contra los aforados constitucionales a conocimiento de la señora Fiscal ahora se resolverán de manera pronta, evitando la impunidad, porque los podrá distribuir entre el Vice Fiscal y los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
La aludida reforma constitucional también faculta al legislador para definir, considerada la naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad de la conducta punible, los delitos en presencia de los cuales la víctima u otras autoridades distintas de la Fiscalía podrán adelantar la acción penal.
El Senador García explicó que esta última determinación permitirá la actuación pronta y cumplida de la administración de Justicia para castigar la delincuencia callejera, que constituye la mayor expresión de la violencia, que se está viviendo a lo largo y ancho del país, particularmente, en los centros urbanos. Además, la Fiscalía podrá aplicar sus esfuerzos a la persecución de la delincuencia que lesiona bienes jurídicos de gran significación social como la administración pública, la vida, el derecho internacional humanitario, la salubridad pública, la libertad y la autonomía personal, la integridad sexual y otros que sería largo enumerar.
García Valencia, considerado un experto en materia de Justicia en el seno del Congreso de la República, concluyó que todas estas iniciativas tendientes a fortalecer la administración de justicia redundan en beneficio de la estabilidad social e institucional del país, porque "sin justicia ninguna sociedad es posible".
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