"Ya cayó uno y faltan tres", sentenciaron personas armadas que incursionaron nuevamente en la finca San Rafael, ubicada en la vereda Mazamorrero, en Santander de Quilichao, propiedad del Cabildo Indígena de Toribio. Ni aún con el beneficio de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, el gobierno nacional establece mecanismos de protección concertados con las comunidades, mientras tanto presuntos grupos ilegales de paramilitares acantonados en la región, continúan atentando contra las comunidades indígenas” denuncia un nuevo comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN – Cxhab Wala Kiwe.
Como lo registró oportunamente Proclama del Cauca, en ése sitio, el día 23 de noviembre, fue retenido y posteriormente asesinado el comunero Luis Ever Casamachin por hombres armados y encapuchados, por lo cual las comunidades y territorios indígenas de Toribio, fueron objeto del beneficio de medidas cautelares otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en consecuencia, las comunidades deberían de contar con condiciones mínimas de protección y salvaguarda por parte del gobierno nacional, que aún no han sido implementadas, según la denuncia de la ACIN.
Igualmente se manifiesta el comunicado que “el gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos entre las comunidades indígenas y afrocolombianas en términos de dotación de tierras. Entre tanto, las organizaciones indígenas y afrocolombianas en cabeza de la ACIN, PCN, UAFORC, entre otras de la vereda Mazamorrero, dialogan de manera permanente, en términos de fortalecer la unidad y encontrar caminos en aras de supera esta lamentable situación, conscientes de que lo que está sucediendo en la finca San Rafael obedece a una calculada estrategia para crear un ambiente de confrontación entre indígenas, afrocolombianos y campesinos, creada por personas inescrupulosas con fijos intereses políticos y económicos en la región”.
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