Consultiva de Alto Nivel no representa los intereses de las comunidades afros

Por Alfonso J. Luna Geller

Director

El órgano de representación nacional de las comunidades afrodescendientes, que todavía toma decisiones cuando se hace necesaria la consulta previa, es la Alta Consultiva, compuesta por 43 miembros nombrados desde hace unos 15 años.

Este organismo ha sido muy cuestionado por los legítimos representantes de los consejos comunitarios en los cuales participan las organizaciones de base afrocolombianas, pues además, la supuesta representación que ostenta la Alta Consultiva, fue tumbada desde agosto del 2010 por el Consejo de Estado, es decir, sus determinaciones no están amparadas por la legalidad, sin embargo, siguen actuando con sospechoso respaldo oficial.

Por este motivo se han denunciado las consultas previas hechas sobre el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Víctimas, pues según algunos dirigentes de consejos comunitarios, están viciadas, ya que el Gobierno no convocó a la nueva elección de la Consultiva después de emitido el fallo del Consejo de Estado. “En la práctica la mayoría de estos procesos han sido una farsa pues han sido distorsionados y obstaculizados con manipulación, intrigas, señalamientos, provocaciones e insultos, amenazas y asesinatos de líderes”, escribió en “Chocó 7 días” el periodista Albeiro Moya Mena.

Por lo demás, la evidencia quedó registrada la semana pasada cuando 156 consejos comunitarios afrocolombianos (y algunas asociaciones afros que los respaldan) le pidieron al Presidente Santos Calderón que intervenga, antes de que se presente una nueva ilegalidad en el proceso de consulta previa que pronto arrancará con motivo de la presentación ante el Congreso del proyecto de Ley de Desarrollo Rural.

A pesar de lo expuesto, los integrantes de esa Alta Consultiva acordaron con el Viceministro del Interior, Aurelio Iragorri, que a cambio de que ellos le firmen consultas previas de proyectos de ley, como el ya citado y el de restitución de tierras, se les alargará el período por un año más, con lo cual queda claro que el Ministerio no planea por ahora convocar a una nueva consultiva, como debió hacerlo desde el 2010. Consecuentes con esta situación, los firmantes de la petición al Gobierno, anunciaron que solicitarán a la Procuraduría que se abra la respectiva investigación porque consideran que en dicho Ministerio se actúa sin transparencia, de manera ilegal y con desobediencia a una orden jurídica.

Para Alfredo Molano, en su columna de hoy en El Espectador, “la consulta previa... Un procedimiento que se ha convertido en un trámite oneroso en prebendas, sinecuras y canonjías que beneficia a una diminuta élite”. Más adelante denuncia: “El poder del organismo consultivo es enorme, al punto de que ha estimado que el trámite de la citada ley costaría unos 1.500 millones de pesos, representados en viajes, viáticos, honorarios y pago de consultores externos nombrados por sus miembros. Se dice que por la Ley de Minas se habría tenido que pagar unos 4.000 millones para cubrir los mismos gastos. En realidad, se trata de una especie de remuneración velada por el trámite de las consultas previas”.

Las verdaderas comunidades afros, las afectadas en sus territorios por decisiones tomadas a sus espaldas pero a su nombre, aterradas de ver cómo desde las altas esferas se juega con sus intereses presentes y su futuro incierto.