Por Alfonso J. Luna Geller
Luego de varias horas de discusión y consultas el día jueves, 5 de enero, los 13 diputados del Cauca no se pusieron de acuerdo para elegir al Contralor Departamental. Con la decisión se deja en el limbo la vigilancia fiscal del Departamento, que cuenta con el Gobernador Ortega Narváez gestionando desde el primero de enero del presente año.
La elección quedó programada para el martes 10 de enero, último día para hacerlo según la Ley, como lo había informado anticipadamente Proclama del Cauca, porque los diputados aún no tienen certeza jurídica ante la presunta inhabilidad de Mario Jair Campo Tróchez, candidato que había recibido de antemano el ya famoso “guiño” de quien tiene la sartén por el mango, a pesar de que cuenta con una condena penal en primera instancia por actos relacionados con el delito de aborto, en una situación que se encuentra en apelación. Al respecto, el diputado Amadeo Cerón Chicangana dijo en un comunicado a la opinión pública: “considero que esto constituye una grave inconveniencia pública, que afecta la moralidad y la dignidad administrativa en los actos de elección; por tanto de manera respetuosa pero enfática, solicito la renuncia del señor Mario Jair Campo Tróchez a su condición de candidato a la Contraloría Departamental, a efectos de posibilitar que la Asamblea Departamental del Cauca, solicite a los tribunales de justicia, la reelaboración de la terna y de esta manera evitar extender la consecuencias de unos actos de índole personal a la imagen institucional”.
Por otra parte, salió a relucir en ésa sesión del jueves, que el candidato postulado por el Tribunal Administrativo, el ingeniero Juan Manuel Quiñonez Pinzón, también tiene presuntas inhabilidades, que se dieron a conocer por medio de un anónimo que llegó a la sede de la Duma Departamental. Lo cierto al respecto, es que la Procuraduría General de la Nación sí había sancionado a Quiñónez Pinzón con multa de 90 días de salario devengado cuando fue secretario de Obras Públicas del Departamento de la administración Negret Mosquera, por una serie de irregularidades cometidas dentro de los contratos celebrados para la construcción de los alcantarillados en los municipios de Padilla, Puerto Tejada, Villarrica, Caloto y el Acueducto del Río Páez en el Municipio de Santander de Quilichao, en el Departamento del Cauca. Parece que también la Fiscalía General de la Nación lo cobijó con una investigación penal.
El candidato Jairo Duque Castro, que no tiene inhabilidades, también fue postulado por el Tribunal Superior de Popayán, sigue pendiente de las decisiones que sobre este asunto decida la Asamblea Departamental.
Lo importante de este debate, que debe ser resuelto a mas tardar el próximo Martes 10 de Enero, es que las decisiones de los diputados se sujeten a criterios técnicos teniendo en cuenta que el control a la gestión fiscal, que tiene una gran importancia en la lucha contra la corrupción, y la búsqueda de una mayor eficiencia y economía en el uso de los escasos recursos públicos, está en sus manos, y que más allá del aspecto político que rodea estos procesos, que lamentable e inevitablemente se presentan, los diputados deben pensar, con mucho detenimiento, la responsabilidad que tienen a la hora de escoger a la persona que deberá dirigir el control a la gestión fiscal porque, sin lugar a dudas, el Departamento requiere una Contraloría más fuerte, mejor dotada en materia de recursos humanos, financieros y técnicos, que sirva para fortalecer el control social y la participación ciudadana en apoyo al control a la gestión fiscal, y no un ente al servicio del ordenador del gasto o una entidad donde prevalezcan los intereses burocráticos de una coalición mayoritaria sobre los intereses generales de la comunidad.
Es de anotar que tanto quienes deciden sobre la integración de la terna como quienes finalmente escogen entre los candidatos el Contralor Departamental son jurídicamente responsables por el contenido de sus decisiones.
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