El presidente nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), general (r) Juan Salcedo Lora, expresó su molestia por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá al ratificar la sentencia condenatoria de 30 años contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega.
"Barranquilla tiene el mejor testimonio de la calidad de servicio de un coronel como Alfonso Plazas Vega. La comunidad está asombrada por la cantidad de fallas que se han producido dentro de esta investigación", afirmó Salcedo.
El General (r) cuestionó la manera como vienen operando los entes que están juzgando a los militares y manifestó que desde la Asociación se viene trabajando para demostrarle a la justicia colombiana el error que se ha cometido con Plazas Vega.
Apreciado amigo:
Con verdadero dolor hoy se conoció la noticia que en días pasados fuera filtrada a los medios de comunicación y que hace referencia a la confirmación de la sentencia que fuera proferida por la jueza María Stella Jara contra el Señor Coronel Alfonso Plazas Vega. El Tribunal Superior de Bogotá confirma la condena de 30 años con especial connotación.
De nada sirvió que a la luz pública se hubiera conocido por los medios de comunicación colombianos que el único testigo contra el valiente oficial, Édgar Villamizar Espinel, supuesto testigo como se demostró, reapareció para denunciar ante la Procuraduría que había sido suplantado, que la declaración suya que reposa en el expediente nunca existió y que, en consecuencia, alguien fabricó el testimonio. De inmediato, el Ministerio Público pidió revocar la condena "por considerar que existe nueva prueba en el proceso".
No puede un juez o un magistrado hacer abstracción de los hechos que aún no apareciendo en el expediente, son públicamente demostrados, más aún, muchos de los testimonios y pruebas en el expediente probaron que se utilizaba a un falso testigo para incriminar al Coronel Plazas Vega. Sin embargo, esa especie de justicia vengativa de la que se viene hablando en este y otros procesos prevaleció y con qué saña.
En el expediente reposan los testimonios rendidos por un supuesto Villamizar o Villamil como también aparece, en el mes de agosto de 2007. Se dice y no se pudo probar que ese tal cabo Villamizar rindió testimonio ante la Fiscal Ángela María Buitrago y el procurador asignado para el caso, Henry Bustos. Se dice que el testigo estrella afirmó que cuando se dio la toma del Palacio de Justicia él y otros trece expertos en no se sabe qué fueron enviados en un helicóptero aterrizaron en la Escuela de Caballería y participaron en todas las operaciones y en todos los ilícitos que se querían demostrar. Poseía el don de la ubicuidad. Se demostró en las audiencias las falsedades del testimonio de un testigo que nunca nadie lo vio. El solo argumento que en ese fatídico noviembre de 1985 ningún helicóptero militar (como lo dice el falso testigo) tenía la capacidad para traer a Bogotá desde Villavicencio a tanta gente.
Esos testimonios falsos, fueron desenmascarados en las audiencias y para junio de 2011 se destapó todo, cuando las diligencias estaban en mano del Tribunal que hoy confirma el fallo condenatorio. El pueblo colombiano supo la verdad que el Tribunal por mayoría no se dio por enterado.
Histórico fallo, pero por los desaciertos y la saña incorporados. El tribunal también ordenó establecer la responsabilidad del expresidente Belisario Betancourt, a través de la Corte Penal Internacional, por considerar que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes que lo absolviera es un ente político y no jurídico, o sea que el Tribunal se va lanza en ristre contra la Constitución y ante lo que considera la inexistencia de pronunciamientos por parte de las autoridades judiciales que determinen la posible responsabilidad en los hechos del expresidente Belisario Betancourt, el Tribunal exhorta al Fiscal principal ante la Corte Penal Internacional, que considere la posibilidad de presentar el caso e "impida la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente en el ámbito interno colombiano".
Mejor dicho, si este juicio no se cae en la Corte Suprema de Justicia serán enviados por el equilibrio justo a la Corte Penal Internacional, a los ex presidentes Ernesto Samper y Cesar Gaviria que también disfrutaron de la impunidad cobijada por la Constitución del 91, al criterio de los dos super-magistrados del Tribunal de Bogotá.
El Tribunal omnipotente cambió de tercio. Ya Alfonso Plazas no es responsable de la desaparición nunca demostrada, pero en cambio presupone que si es responsable de las muertes de la exguerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería del lugar, Carlos Augusto Rodríguez Vera.
En cuanto a las otras nueve personas desaparecidas, que no hacen parte de la condena, se decretó nulidad parcial de lo actuado a partir del cierre de la investigación. Al fin se le da la razón a la defensa en que los once desaparecidos están en medicina legal. Aunque el colectivo de marras ya denunció ante la Comisión Interamericana de derechos humanos en Washington al Estado colombiano por la desaparición de doce.
Mas saña y justicia vengativa, Ministro de Defensa, el comandante de las FFMM, el comandante del Ejército, el comandante de la Brigada 13 y el comandante de la Escuela de Caballería celebren, en los próximos tres meses, un acto público en la Plaza de Bolívar pidiendo perdón por los delitos registrados los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Mas saña, ninguna unidad militar llevará el nombre de Plazas Vega. Saben muy poco los dos condenadores del peso específico de la historia. Acaban de provocar que en el futuro aparezca el nombre de Plazas Vega en unidades militares de diferente nivel. No debe seguir donde está aguardando la condena final imposible, no, debe ser trasladado a donde lo puedan asesinar, adonde están los peores enemigos del Coronel, cuando a lo largo de su brillante carrera enfrentara y venciera narcotraficantes, guerrilleros, bandoleros, autodefensas ilegales y delincuentes comunes.
Los únicos que se salvaron de la nueva sentencia fueron precisamente y vaya coincidencia, los integrantes del Movimiento 19 de Abril, porque también deben empezar a hacer cola en los estrados judiciales los ministros del despacho del gobierno Betancur y para ello ordenaron compulsar copias de la sentencia para que la Fiscalía General de la Nación determine la eventual responsabilidad penal de ellos. No se olvidaron tampoco de las otras autoridades que encabezaban los cuerpos de seguridad del Estado, pues la Fiscalía debe investigar por desaparición forzada al general Víctor Alberto Delgado, director general de la Policía en 1985, General Masa Márquez director del DAS, y a otros oficiales que participaron en la llamada retoma al Palacio de Justicia.
El fallo se apoyaba en la tesis jurídica con la que en Perú se condenó a 25 años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori, como "autor mediato" de masacres. Es decir, la responsabilidad penal que le cabe a quien se sirve del mando que tiene en una estructura de poder para cometer, a través de subordinados, graves delitos. En este caso delitos no probados, y es tan cierto ello que la sentencia reza que aunque Plazas Vega no desapareció a los empleados de la cafetería por mano propia, lo hizo aprovechando el poder de mando que tenía.
Para la jueza en el primer falo condenatorio fue muy "significativo" que Plazas Vega fuera protagonista y declarara en los medios "¡Aquí, defendiendo la democracia, maestro!".
¡ No se puede defender la democracia Alfonso, eso es ilegal ¡ Qué horror ¡
Presidencia de Acore
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