Sigue en la cárcel
En una jugada jurídica el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, pretendía recuperar su libertad mediante la solicitud de la nulidad del proceso que se le adelanta como consecuencia del mayor escándalo de corrupción en Colombia, denominado el «carrusel de la contratación». La defensa de Moreno Rojas reclamó de la Fiscalía pruebas concretas de las comisiones por la contratación. La Fiscalía y la Procuraduría rechazaron la estrategia de la defensa. Un abogado que sigue de cerca el proceso manifestó que se buscaba a toda costa la libertad del exalcalde, para poder refugiarse en los Estados Unidos ya que cuenta con la nacionalidad de ese país.
‘Uribito’ a punto de ser expulsado
Las directivas del Partido Conservador anunciaron que expulsarán de sus filas al exministro Andrés Felipe Arias, si resulta condenado por el caso de Agro Ingreso Seguro -AIS-. Para el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, los estatutos de la colectividad establecen que aquellos militantes que sean condenados por la justicia tendrán que ser expulsados.
Santos intentó tumbar a Samper

Fuertes acusaciones hizo en su columna periodística Francisco Santos contra su primo, el presidente Juan Manuel Santos, a quien señaló de querer derrocar a Ernesto Samper a pesar de que la justicia lo absolvió. «Juan Manuel Santos jamás habría sido presidente si no es por Álvaro Uribe Vélez. Lo hizo ministro de Defensa, y lo defendió a capa y espada de acusaciones que son ciertas, además, aunque la justicia lo haya absuelto de querer ‘tumbar’ a Samper para armar un Gobierno de unidad y paz con paramilitares y guerrilla. Es más, cuando su campaña naufragaba se la jugó por dejar un sucesor digno de la labor de transformación que se inició en el 2002 y que esperaba se consolidara con él», sostuvo el director de noticias de RCN radio.
Atraco a mano armada
Usuarios de la telefonía celular adelantarán acciones judiciales contra las empresas operadoras del sistema en Colombia, por abusar con el cobro exagerado de tarifas. «Ahora resulta que las empresas prestadoras de la telefonía celular están cobrando por las llamadas perdidas, como si el usuario hubiese hablado», dijo uno de los quejosos. Expresó que esta anómala situación está generando a esas empresas entradas multimillonarias, y afectando el bolsillo de los usuarios. Exigieron sanciones drásticas por lo que consideraron un verdadero atraco a mano armada.
La más educada
El Plan de Desarrollo «Antioquia, la más educada» tendrá seis líneas estratégicas: Antioquia legal, educación, región segura que previene la violencia, apuestas por la inclusión, Antioquia verde y sostenible y el proyecto regional integral de Urabá. Igualmente, trabajará de forma articulada con los planes de desarrollos nacionales y municipales, con la «Alianza Medellín Antioquia», con cooperación internacional y corresponsabilidad. María Eugenia Ramos, directora del Departamento Administrativo de Planeación -DAP-, aseguró a los alcaldes que el Plan de Desarrollo se construirá desde las regiones, e invitó a todos los mandatarios a trabajar aunadamente.
800 millones de pesos
Es la suma que recibió de las AUC el expresidente del Congreso de la República, Javier Cáceres Leal, según afirmó ante la Corte Suprema de Justicia, José Gélvez Albarracín, alias «El Canoso». Según el exparamilitar, la primera reunión con el exsenador Javier Cáceres se realizó en el Hotel El Virrey, en Bogotá, y allí aceptó apoyar el borrador del proyecto de ley creado para la desmovilización de los paramilitares. Veinte días después se realizaron dos reuniones más, en el restaurante Pesquera Jaramillo y en Creppes and Wafles del parque de la 93, en Bogotá, relató. Albarracín dijo que Cáceres había sido una pieza importante para que pasaran los debates de la Ley de justicia y paz.
Benedetti no violó la ley
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado que no acceda a la pretensión de pérdida de investidura, que se sigue en contra del senador Armando Benedetti Villaneda, por no encontrarse probado que estuviera incurso en las causales señaladas en la Constitución Política. De acuerdo con la demanda, el congresista habría incurrido en causal de pérdida de investidura por participar y presidir la sesión en la que se decidió su traslado de la Comisión Segunda a la Primera del Senado de la República, para ocupar la silla vacía del senador Javier Cáceres, por tener este presuntos vínculos con grupos al margen de la ley, y por no declararse impedido para participar en debates de leyes y actos legislativos una vez la Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa en su contra.







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