La actual reforma que se tramita en el Congreso sí es un avance para alcanzar objetivos que disminuyan los delitos y la impunidad.
Febrero 05 de 2012
Jesús Ignacio García Valencia, senador y coordinador ponente de la reforma a la justicia.
Por Redacción Justicia.- El coordinador ponente de la reforma a la justicia que tramita el Congreso, Jesús Ignacio García Valencia, aseguró que Colombia no es viable si no se impulsa una verdadera política criminal para atacar las causas del delito y que el Congreso no siga cayendo en el populismo punitivo.
En diálogo con Ecospolíticos.com, el senador caucano y académico Jesús Ignacio García Valencia, dijo que la actual reforma que estudian y discuten las cámaras, “no soluciona de raíz los problemas judiciales en Colombia, pero sí es un avance para alcanzar objetivos que conlleven a disminuir los delitos y la impunidad”.
Agregó que “En Colombia no hay política criminal porque se legisla en forma desordenada y coyuntural. Violan a un menor y al siguiente día ya vienen integrantes del cuerpo legislativo a presentar un proyecto de ley para gravar las penas. Por eso el Congreso está cayendo en un populismo punitivo: hacer ‘reformitas de códigos’, que no le hacen ningún bien a la justicia colombiana”.
García Valencia, quien es miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, profesor universitario, ponente de muchas iniciativas sobre la justicia, afirmó que se debe hacer un estudio prudente y sistematizado en dicha materia y de acuerdo a ello proponer las reformas.
“Antes de aplicar el derecho penal, se debe recurrir a otros medios como la educación, religión, utilización de medios de comunicación. Cuando ya esos medios de control social no son suficientes, el Estado debe recurrir al derecho penal. Hay que atacar las causas del delito”, aseveró García Valencia.
Hizo una defensa del Principio de Oportunidad y dijo que las decisiones que viene llevando a cabo la Fiscal General Vivian Morales, quien fue su colega en el Congreso, son acertadas como se demuestra en los casos que se están revelando y castigando contra los corruptos de Colombia.
Ecos: ¿Cuáles son verdaderamente los males de la justicia en Colombia?
J.I.G.V.: Tiene dificultades en sus diferentes ramas. Faltan recursos para que tenga un funcionamiento adecuado. Si miramos la justicia penal, encontramos que el sistema acusatorio requiere de una gran inversión sobre todo para hacer ágil y eficaz la investigación. En ese aspecto creemos que el Estado no está haciendo los esfuerzos suficientes para habilitar a los investigadores y cumplan a cabalidad su gestión. En otras áreas de la justicia, hace falta un mayor número de jueces para que la misma sea pronta y cumplida. Hoy una providencia que finalice un juicio en materia administrativa se está demorando 7, 8, 10 años y eso es una injusticia. Existen juicios ejecutivos en el área civil que se están demorando 5, 6, 7, 8. Lo mismo en materia laboral. La justicia tiene problemas y no se solucionan sin que se le asignen mayores recursos. La tendencia es que existan procesos orales, eso ya se dejó determinado y establecido en la ley estatutaria de la administración de justicia. Nosotros pensamos que en la medida en que se implemente la oralidad, con buenos recursos, la justicia da mejores resultados.
ECOS: ¿Cómo hacer para que se le asignen más recursos a la justicia? ¿Es una injusticia lo que se le asigna actualmente?
J.I.G.V.: Obvio. No hay recursos suficientes. Cuando se estaba tramitando el proyecto de acto legislativo para sentar las bases del sistema acusatorio en Colombia, en el Congreso advertimos que era necesario disponibilidad de recursos suficientes para poder implementar el sistema. Pero la verdad es que quienes estaban impulsando el proyecto de acto legislativo en la época, nos dijeron que ellos se encargarían de conseguir los recursos para que el sistema tuviera buen suceso. Pero no fue así. Luego, no fue una imprevisión del Congreso. En su momento hicimos ver que la implementación de ese sistema requería de recursos importantes y hasta ahora no se ha hecho la inversión suficiente para que el sistema acusatorio pueda funcionar cabalmente. Como lo sabe ya en esta reforma se asignan más recursos. Ojalá sean más para bien de la justicia en Colombia.
ECOS: Cuando usted dice que el Congreso cumplió su misión, ¿qué gobierno y quién fue el que no cumplió para que se hubieran invertido mayores recursos?
J.I.G.V.: El acto legislativo data del año 2003, posteriormente se expide el Código de Procedimiento Penal que es el que ya instrumenta la aplicación del sistema y yo no diría que esto es culpa de los gobiernos, sino que el Estado en su conjunto, salvo la advertencia que hizo el Congreso, no previó las apropiaciones suficientes para que el sistema pudiera tener un funcionamiento adecuado.
ECOS: ¿Se tiene cuantificado cuánto se necesitaría?
J.I.G.V: Son cifras considerables y siempre las respuestas de los gobiernos es que fiscalmente no están en capacidad de apropiar los dineros que demanda, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación.
ECOS: ¿Pero el Congreso sí ha avanzado para buscar un ordenamiento jurídico viable para mejorar la justicia?
J.I.G.V.: Sí. La prueba está que la ley estatutaria de la administración de justicia ordenó que todos los procedimientos fueran orales. También se sacó avante lo relacionado con el arancel judicial para dotar a la justicia de nuevos recursos. Se ha implementado ya la oralidad en materia penal, se ha avanzado también en la oralidad en material laboral y obviamente que ahora se apresta el Congreso a estudiar el código judicial que sería el encargado de establecer la oralidad en otras ramas del derecho procesal. El Congreso sí ha venido cumpliendo su papel y ha sentado las bases para que haya una mejor justicia. Por eso vamos a seguir avanzando ahora en marzo con la reforma constitucional sobre el tema de la justicia en Colombia. Por eso invito a través de este medio para que las cortes sigan aportando en una reforma que si no es la panacea va a solucionar muchos de los problemas de la justicia en Colombia.
ECOS: ¿Considera que el Consejo Superior de la Judicatura se debe acabar?
J.I.G.V.: La existencia del CSJ, a mi juicio, fue un gran avance, tanto para la administración de la justicia en Colombia como para la disciplina de los administradores de justicia en nuestro país. Lo que ocurre es que el diseño que se hizo del CSJ tiene algunos aspectos que son dignos de reparo. Para administrar la justicia no requeríamos de magistrados, requeríamos y seguimos requiriendo ante todo de administradores, por consiguiente estimo que la sala administrativa del CSJ debe ser redefinida y me parece que debe existir un consejo de administración judicial como se quiere proponer hacia el futuro. Donde estén las cabezas de las Altas Cortes para que tracen las políticas generales de administración de justicia. Pero ya la ejecución la deben hacer los administradores a partir de la gerencia judicial, de tal manera creo que debe haber una reformulación de la sala administrativa del CSJ. Esperemos a ver qué ocurre sobre el tema en la segunda vuelta.
ECOS: ¿Qué piensa de la figura del principio de oportunidad, sí es una oportunidad para sacar adelante la justicia colombiana?
J.I.G.V.: El sistema penal acusatorio hay que mirarlo en su integridad y parte del mismo está precisamente integrado por la posibilidad de que puedan existir negociaciones para que en la etapa de investigación terminen muchos procesos y las personas sean judicializadas prontamente y el Estado, sobre todo su órgano de investigación, no tenga que desgastarse haciéndole investigación a todo proceso que llegue a su consideración. El sistema está diseñado para que un 10 por ciento de los procesos que llegan a su conocimiento vayan a juicio. El 90 por ciento se debe arreglar en la etapa de la investigación a través de los preacuerdos y dentro de ese conjunto entran elementos como el principio de oportunidad.
Ecos: ¿No es fomentar la impunidad?
J.I.G.V.: De ninguna manera, el principio de oportunidad constituye un instrumento para que la Fiscalía descubra delitos, que de no ser por ese principio podrían quedar ocultos. Uno de los casos que más relevancia ha tenido en cuanto a la aplicación del principio de oportunidad en el país ha sido precisamente el caso de las denominadas chuzadas del DAS. Si no se hubiera aplicado el principio de oportunidad para algunos de los protagonistas no se hubieran descubierto otros. Entonces en ese sentido el principio de oportunidad ayuda a esclarecer la verdad, que se aplique justicia y que no queden muchos sujetos inmersos en la impunidad y de esa manera escapen a la acción de la administración de justicia. ¿Qué le conviene más al Estado o a la sociedad, que haya 19 impunidades y una condena o que haya una impunidad y 19 condenas?. Ese es el balance que se debe hacer.
Ecos: ¿Sí pasa en segunda vuelta el proyecto de reforma a la justicia?
J.I.G.V.: Estamos trabajando para avanzar en las soluciones a los graves problemas que tiene la justicia en Colombia. La reforma es un gran paso. Ese es nuestro objetivo y lo vamos a lograr.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada