Gobernador Ortega Narváez y Alcalde del Municipio, James Mina, exigieron solución política al conflicto colombiano
Con camisetas blancas y llevando una inmensa bandera blanca, miles de personas de todos los estratos y etnias, de los municipios de Villa Rica, Santander de Quilichao, Caloto, Miranda, Guachené, Padilla, Puerto Tejada, Suárez y una delegación de la Gobernación del Cauca, marcharon desde las 11 de la mañana, hasta las horas de esta tarde, por las calles del municipio exigiendo a los actores armados ilegales que cesen la violencia contra la población civil, que ha sido involucrada en un conflicto que no les pertenece.
El clamoroso llamado que a una sola voz hicieron más de cinco mil personas, que portaban banderas blancas simbolizando el ferviente deseo de paz en esta región del país, se dio en rechazo al atentado que sufrió Villa Rica el jueves pasado, al mediodía, cuando explosivos instalados en un vehículo causaron la muerte de seis personas, heridas a otras 50 y daños en un centenar de viviendas y locales en este municipio del norte del Cauca.
Niños y jóvenes de todas las instituciones educativas del municipio con con pitos expresaron su rechazo al atentado en el que murieron dos menores estudiantes.
Médicos y personal de la salud también estuvieron en la movilización, en rechazo a esta acción contra la vida y por los daños causados al hospital local.
El exsenador por las comunidades indígenas, Jesús Enrique Piñacué Achicué, expresó que las comunidades no se pueden acostumbrarse a estos hechos y se debe dar paso a la solidaridad y al entendimiento entre los pueblos. "Rebelémonos, no nos quedemos en casa", fue su llamado. Mientras se realizaba la marcha, se conoció de una explosión en un centro escolar en Jambaló, también en el norte del Cauca, en el que tres menores resultaron heridos.
El Gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez, en su intervención calificó los hechos de demenciales, irracionales y absolutamente injustificables que se dan en un escenario donde la marginalidad y la pobreza son evidentes por el abandono estatal.
Ortega confirmó que se iniciaron las gestiones necesarias para indemnizar de manera integral a las nuevas víctimas del conflicto que no da tregua.
Aprovechó la ocasión para “reafirmar la concepción del Gobierno Departamental según la cual la salida de este conflicto es la salida política” ratificando que esta guerra no le pertenece a estas comunidades y por eso hizo un llamado “fervoroso pero contundente” a los actores armados ilegales para que dejen por fuera a la población civil; exigió el diálogo y la inmediata liberación de los secuestrados.
Por su parte, el Alcalde local, James Guillermo Mina Ballesteros, afirmó que “la guerra es un negocio que tiene que desarticularse, con una salida política, pues llevamos más de 60 años y no se ha podido superar empleando únicamente las armas”, igualmente sostuvo que “La paz que buscamos tiene que darse con justicia social, la que no se ve por estas tierras que carecen de los más elementales servicios como agua potable y verdadera protección social”. Ratificó además que son más de 100 las viviendas afectadas por lo cual clamó un apoyo concreto y oportuno del Estado.
El alcalde James Guillermo Mina estimó los daños en más de 3.000 millones de pesos.
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