En audiencia de lectura de fallo, que se cumplió ayer en Bogotá, Luz Ángela Martínez, contralora delegada intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, de la Contraloría General de la República, ratificó el fallo contra Héctor Fabio Useche, el exgobernador Juan Carlos Abadía; el actual alcalde de Florida (Valle) y exgerente de la Licorera, Doney Ospina, 10 funcionarios más y representantes de la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral. También definió que el proceso pase a estudio de la Procuraduría.
La decisión obedece al presunto detrimento patrimonial de 112.000 millones de pesos por un contrato firmado el 7 de abril del 2008 entre la Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral, que vence en abril del 2014.
En ese contrato se planteaba la promoción de productos de la licorera y se anexaron varios 'otro sí'. La funcionaria reiteró que hay irregularidades en el contrato y señala que la Unión Temporal no cumplía entonces con los requisitos de experiencia y representación económica para cumplir el pliego. En su opinión, el plan de promoción generó una "ineficacia económica"-
Abadía y Ospina deberían responder por 7.000 millones de pesos.
También que Useche, Raimundo Tello, Juan Muñoz, Luis Telmo Rojas, Roberto Villamizar, Luis Alfredo García, Luis Castrillón y Paula Martínez deberían pagar 7.000 millones de pesos cada uno. Ezequiel Lenis debería pagar 2.000 millones y Ruth Triviño 528 millones.
Édgar Salazar, Édgar Doronsoro, Empresa Agropecuaria, Empresa Encargo Logístico Integral, Empresa Salazar Transportes Unidos, Empresa Comercializadora Logística Integral, UT Comercializadora, representantes y socios de la empresa que distribuye los licores, deberían pagar $7.000 millones, cada uno.
La Contralora se mantuvo en el embargo de las cuentas de ahorro y corrientes, al igual que de los bienes de los implicados.
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