LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

Por Emmanuel Tarquino Brevera

Periodista y Comunicador Social

Corresponsal para los Estados Unidos de Norte América del diario Proclama del Cauca, Colombia.

He querido hacer este artículo con mi mano en el corazón porque no podemos esconder este problema que ha sido polémico y triste en nuestra patria porque ha sido víctima de la violencia desde su nacimiento como república independiente debido a la irracionalidad política, que no le ha permitido consolidarse como nación. Aún hay espacios terroristas donde el Estado no tiene presencia policial, judicial, fiscal, ni educativa, donde sus habitantes no se sienten identificados con nuestra institucionalidad.

Hay muchos habitantes marginados de la protección del Estado y de sus normas; indígenas, desplazados, inválidos desamparados, niños de la calle, ignorantes y pobres absueltos. Buena parte de la población colombiana vive en precarias condiciones de trabajo, vivienda, salud, alimentación, educación y servicios básicos.

Durante el siglo XIX, la república sufrió doce guerras civiles y muchos conflictos políticos menores. En el siglo XX, durante el lapso comprendido entre el 24 de Noviembre de 1902, cuando terminó la Guerra de los Mil Días y el 9 de abril de 1948, Colombia disfrutó de relativa paz, interrumpida por esporádicos episodios de violencia política.

A raíz del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de Abril de 1948, se recrudecieron las pasiones políticas entre los liberales y los conservadores que ocasionaron la creación de grupos insurgentes armados en varios lugares del país, que se enfrentaron a la fuerza pública. En 1953, al llegar a la presidencia de la República el General Gustavo Rojas Pinilla, se logró la desmovilización pacifica de las guerrillas liberales mediante negociación. Algunos disidentes de estas guerrillas no aceptaron la desmovilización e hicieron tránsito al bandolerismo, que luego sirvió de base a la insurgencia comunista que se hizo evidente a partir de 1958, cuando promulgo el “Manifiesto Campesino del sur del Tolima”.

Las FARC, promovidas por el comunismo internacional, han luchado contra el Estado y la población civil con el fin de imponer un régimen comunista, empleando lo que ellos llaman todas las formas de lucha guerrillera, secuestro, extorsión, asesinato, terrorismo, destrucción de poblaciones pequeñas, destrucción de la riqueza nacional, creación de organismos de fachada, manipulación de los medios de comunicación y en fin, todos los actos de vandalismo que siguen cometiendo.

Con la caída del comunismo internacional y la disolución de la Unión Soviética en 1991, quienes las apoyaban ideológica y logísticamente, las FARC se criminalizaron aún más, apoyándose en el narcotráfico del cual obtienen el 85 % de sus ingresos y el resto intensificando la extorsión y el secuestro.

Ahora apoyados por el Gobierno del presidente de Venezuela Hugo Chaves Frías, quien teniendo en la miseria a este país hermano bajo su socialismo moderno le ha dado cabida en la frontera, según testimonio de alias Daniel, un exsubersivo que asegura que el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Jiménez, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, se encuentra en el país vecino: “El está exactamente en el estado de Zulia, en la zona limítrofe con Colombia, padece de una diabetes avanzada y es muy estricto. Este Jefe supremo del terrorismo de las FARC, ha dado instrucciones de aumentar su acción de violencia con la población civil y su organización de bandidos han sido incorporados con engaños o contra su voluntad y a un cruel régimen disciplinario, que incluye el asesinato”.

En la dirección de este grupo haya unos 50 criminales que pretenden imponerse, por la violencia y el terror, a la voluntad de casi 50 millones de colombianos. Para completar, la sociedad colombiana padece de la delincuencia común que secuestra, asesina, asalta negocios y residencias, hurta ganado y atraca a transeúntes en calles, carreteras y caminos.

La administración de justicia para hacer frente a este panorama de violencia y delincuencia, es ineficaz e ineficiente, el índice de impunidad es excesivo. Muchas víctimas de la delincuencia ni siquiera ni siquiera presentan denuncias. Las cárceles de las grandes ciudades y pequeñas, están atestadas de personas a quienes no les han definido su situación, sin consideración de su dignidad humana y su necesidad de rehabilitación.