Una audiencia de imputación de cargos, convocada por la Fiscalía 14
Especializada Anticorrupción de Bogotá, por los presuntos delitos de
prevaricato por acción, falsedad en documento público y peculado por
apropiación de recursos públicos, interpuesta por ISAGEN en contra de Jorge
Arias Granada, Gustavo Toloza Celis y Jorge Santos Acosta, alcalde municipal,
tesorero y asesor jurídico, respectivamente, fue aplazada para el próximo 11 de
junio.
Según conoció Proclama del
Cauca, de acuerdo con la decisión de la Fiscalía General de la Nación, se
trata de establecer presuntos hechos punibles constitutivos de corrupción
administrativa y que afectarían la moralidad en la función pública y por eso en
la audiencia de imputación de cargos que se inició en el municipio de Caloto,
el pasado martes 2 de marzo, los indiciados no aceptaron los cargos y por
decisión del fiscal la audiencia fue suspendida.
El debate legal
Jorge Arias, Alcalde |
El Municipio de Caloto, Cauca, decidió embargarle las cuentas
bancarias a ISAGEN S.A. E.S.P. (generador y comercializador de energía
eléctrica) por su negativa a responder por el Impuesto de Industria y Comercio
y su complementario de Avisos y Tableros, cuyo valor ascendía a 1.377 millones desde
el año 2001. De acuerdo con declaraciones de Jorge Santos Acosta, asesor
Jurídico del municipio de Caloto, Isagen debe responder por dichos tributos y
las respectivas sanciones por los intereses moratorios, por la actividad que
adelanta la empresa en esa población en la comercialización de energía a
compañías radicadas allí.
Ante esta situación, y después de adelantar todos los procesos de
cobro administrativo sin obtener respuesta alguna, en el año 2006 el Municipio
de Caloto procedió, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, a
embargar las cuentas de Isagen, hasta por 1.800 millones de pesos.
Luis Fernando Rico Pinzón, gerente General de Isagen, manifestó en
aquella ocasión que las empresas de generación de energía en Colombia sólo
deben pagar el Impuesto de Industria y Comercio establecido en la Ley 56 de
1981 en los municipios donde se genera la energía y no donde se comercializa,
como pretende el municipio de Caloto.
Posteriormente, mediante resolución del 24 de septiembre de 2011,
el Municipio de Caloto re-liquida los impuestos por las vigencias 2005 al 2010
y el 13 enero del 2012, Gustavo Adolfo Toloza Celis, tesorero municipal, libra
mandamiento de pago con cargo a ISAGEN S.A. E.S.P. por 270 millones de pesos,
correspondientes al impuesto e intereses moratorios de industria y comercio,
avisos y tableros de los años gravables 2005, 2006 y 2007.
El 28 de enero de 2012 Isagen interpone ante el Tribunal
Administrativo del Cauca demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de las resoluciones, la cual fue admitida. Sin embargo, la
Administración Municipal de Caloto dispuso seguir con el proceso y hacer
efectiva la póliza de caución judicial constituida como garantía del cobro
coactivo. En estas circunstancias, la Procuraduría Provincial de Santander de
Quilichao intervino para advertir que hasta tanto no haya un pronunciamiento en
firme del Tribunal, el Municipio debía abstenerse de seguir con el cobro
coactivo.
Igualmente, ante una queja interpuesta por Isagen, el 18 de
octubre de 2012, la Contraloría General del Cauca, advirtió al Municipio de
Caloto, sobre las presuntas irregularidades en que pueda incurrir la
Administración Municipal en el proceso de cobro coactivo, por cuanto existe un
pronunciamiento por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que
accedió a la suspensión provisional de los actos administrativos demandados el
cual ordena que si bien es cierto no se levantarán las medidas cautelares
decretadas es obligación de la entidad territorial abstenerse de disponer de
los dineros retenidos hasta tanto exista un pronunciamiento de fondo por parte
del Juez Contencioso Administrativo.
Pero vino la demanda penal en contra de los funcionarios públicos y
la audiencia del pasado martes convocada por la Fiscalía, sobre la cual Gustavo
Toloza, tesorero municipal, explicó a Proclama
del Cauca que no aceptaron los supuestos cargos penales que les imputaban
porque Isagen nunca presentó prueba calificada sobre los mismos y que la
contratación con Jorge Santos no es de administración de recursos públicos sino
de asesoría profesional y que la Administración Municipal de Caloto tiene cómo
demostrar que sus actuaciones se han realizado de acuerdo con la normatividad
legal que rige para la administración pública.
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